Decisión del Tribunal Contencioso confirma protección a inversionistas – La nación
“Desde el Grupo de Ahorristas afectados por la administración irregular de los fondos depositados en BCR SAFI, consideramos esta decisión como un paso fundamental hacia la reparación integral del daño causado y un avance significativo en el camino de la rendición de cuentas.
“Reiteramos nuestra confianza en el trabajo de los órganos de control y confirmamos nuestro compromiso de seguir garantizando los derechos de todos los ahorradores afectados, en su mayoría personas mayores”. explicó Rodrigo Alberto Carazo, portavoz del grupo de afectados.
Con esta resolución no sólo se confirma la validez de la orden administrativa emitida por la Supervisión General de Valores (SUGEVAL) y respaldada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), sino que la mandato de proteger los intereses de cientos de ahorradores afectados.
En línea con este avance, el Grupo Afectado hizo un sensato llamado al BCR para que adopte un enfoque constructivo en esta etapa crucial. “Esperamos que este primer paso le deje claro al banco que la única manera real de solucionar este asunto es convocar a la Asamblea General ordenada por SUGEVAL, presentar y distribuir a los afectados el plan de acción requerido para la normalización del Fondo y conversar seriamente con los representantes de los afectados sobre cómo acatar la orden de los entes supervisores, en lugar de retrasar o posponer la estrategia de voluntad. El propio banco confiamos en que esta resolución sea un cambio de actitud y el inicio de una solución definitiva.
La Corte fue clara y contundente al señalar que la medida cautelar de suspender la orden de SUGEVAL Pretendía frenar el trabajo de los entes supervisores y que su aprobación habría vulnerado los principios de transparencia, disciplina de mercado y buen servicio de supervisión financiera.
Esta decisión reconoce que los lineamientos emitidos por SUGEVAL y CONASSIF buscan mitigar los daños causados por la contratación irregular de la PEP y garantizar justicia para los afectados.
