Los suplentes llevaron a cabo la primera discusión sobre las tareas, lo que permite a los agentes del OIJ.

La Asamblea Legislativa ha decidido avanzar en el proceso legislativo del proyecto de ley número 22.817, el cual fue presentado inicialmente en el año 2021 por el legislador Dragos Donolescu. Esta iniciativa ha sido impulsada en esta nueva legislatura por la diputada Verdiblanca Alejandra Larios. Es importante destacar que este proyecto busca establecer disposiciones clave para los funcionarios del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), abarcando aspectos como la jubilación anticipada y los requisitos de edad y tiempo de servicio.

Una de las propuestas cruciales de este proyecto consiste en permitir a los agentes del OIJ acceder a licencias de transporte de armas, bajo ciertas condiciones. Estos agentes, como requisito, deberán tener al menos 55 años de edad, lo que ha generado un debate considerable en el contexto legislativo actual. La idea es que esta medida pueda proporcionar un marco más claro y seguro para aquellos que desempeñan funciones de investigación y tienen la necesidad de utilizar armamento en su labor diaria.

El proyecto ha contado con el respaldo de un grupo significativo de 32 suplentes, lo que resalta la importancia y relevancia que los legisladores le otorgan a este tema. Sin embargo, esto también ha generado tensiones con la autoridad legislativa del partido gobernante, que ha mostrado ciertas reservas al respecto.

Para que los agentes del OIJ puedan beneficiarse de una pensión anticipada, deben cumplir con una serie de requisitos, destacando que deben haber trabajado un mínimo de 30 años en la organización. Este aspecto es fundamental, ya que se busca garantizar que aquellos que dedican una parte significativa de su vida al servicio público tengan la oportunidad de retirarse con una pensión que sea acorde a sus años de servicio.

El proyecto establece que los funcionarios se podrán retirar y recibir pensiones equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales. Esto se calcula teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC), asegurando que las pensiones se ajusten a la realidad económica del país y a los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Adicionalmente, el proyecto incluye el artículo 226, que dispone los procedimientos a seguir para llevar a cabo la jubilación anticipada en caso de que no se cumplan los años de servicio establecidos. Este artículo detalla las condiciones bajo las cuales un servidor público puede acceder a su pensión antes de los plazos establecidos, lo que es un avance notable en términos de derechos laborales para los funcionarios del OIJ.

En este sentido, el texto menciona lo siguiente:

“Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumplen con el requisito de edad o años de servicio, pero no llegan a los treinta años en los lugares requeridos por la normativa, la jubilación no se negociará de acuerdo a la proporcionalidad de sus años de servicio, siempre y cuando se haya cumplido el mínimo de años de servicio exigido.”

Para calcular la pensión correspondiente, se destinará el monto especificado en el artículo previo, el cual se multiplicará por el número de años servidos, y luego se dividirá ese producto entre treinta; de este modo, se determinará el monto que se retirará. Este enfoque tiene como objetivo garantizar que cada funcionario reciba una compensación justa por su dedicación y tiempo de servicio.

La próxima discusión sobre este proyecto de ley está programada para el 8 de abril, lo que representa una nueva oportunidad para abordar los puntos críticos que de él se derivan, así como para escuchar diferentes opiniones y perspectivas en torno a su implementación.