El Contralor enfatiza el riesgo asociado a una tarea aprobada que le permite finalizar organizaciones internacionales.

Recientemente, el general de la República, bajo la firma de la ejecutiva Marta Acosta, ha emitido un comentario crítico sobre un proyecto de reforma, identificado como el proyecto de ley No. 24,215. Este proyecto busca realizar modificaciones significativas en las leyes de contratación pública, específicamente intentando excluir a organismos como la Cruz Roja y la Asociación Internacional de la Ley de futuros procesos de contratación. Tal decisión ha generado preocupación por las posibles consecuencias que podría acarrear.

El inspector encargado de este tema ha expresado sus inquietudes acerca de los riesgos asociados a estas reformas propuestas. Se advierte que si se implementan, estas modificaciones eventualmente resultarían en la contratación de estos organismos sin que se lleve a cabo un control efectivo sobre los mismos. La falta de supervisión en los acuerdos de este tipo plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas necesaria en el uso de fondos públicos.

En un comentario enviado el lunes pasado, se reiteraron las inquietudes en torno a este asunto. “Es relevante señalar que el fragmento del General del General Republicano, a lo largo del proceso legislativo relacionado con los Documentos Legislativos No. 24.215, coincide en la opinión de que la adquisición de recursos públicos debe regirse por las normativas de política pública y por los principios de libre competencia”, afirmó el inspector.

“Esto último es fundamental para asegurar un proceso justo y equitativo en la obtención de contratos que involucran fondos del gobierno”.

La iniciativa legislativa está liderada por Verdiblanco Oscar Izquierdo, quien logró obtener un respaldo considerable en el primer debate, obteniendo la votación a favor por parte de la 37 Legislatura. Sin embargo, hubo voces en desacuerdo, como las de Eli Feinzaig y Luis Diego Vargas, pertenecientes al partido liberal progresista, quienes manifestaron sus reservas respecto a dicha propuesta.

A pesar de los cambios significativos que se han incorporado al texto original, el supervisor ha enfatizado que aún persisten numerosos riesgos asociados con la propuesta en cuestión. “El riesgo de llevar a cabo contrataciones de obras públicas sin la debida competencia es extremadamente grave; esto va en contra de lo estipulado por la constitución política y podría limitar la capacidad del gerente de ejercer control pleno como se requiere por la autoridad establecida en su ley orgánica y lo planteado por la Agencia Constitucional en su evaluación”, subrayó el inspector.

Las implicaciones de esta situación: el Congreso ya ha dado su aprobación al primer proyecto que busca excluir a las organizaciones internacionales y a la Cruz Roja en el marco de la ley de contratación pública.

Cambio en Movimiento

Desde la liberación de la nación, el subsecretario de la izquierda ha declarado que la intención no es abrir un espacio para operar con un dedo, “sino más bien corregir el problema actual en la legislación que ha limitado al país para acceder a los recursos de la cooperación internacional”.

“Este proyecto de ley tiene como finalidad facilitar que la nación pueda acceder a capital proveniente de la cooperación internacional a través de acuerdos o convenios de costos compartidos. Quiero enfatizar que no se realiza ningún cambio en la manera en que se lleva a cabo el reclutamiento público bajo el actual mecanismo de supervisión de las empresas privadas, ni se les permite evadir sus responsabilidades”, sostuvo Izquierdo.

El diputado indicó que “las observaciones realizadas por el Jefe de la República han sido debidamente atendidas”. Asimismo, se anticipa que el proyecto será presentado para discusión en su primera fase y que es posible incluir propuestas para alterar el texto actual.

Este proceso asegura que los acuerdos y pactos con otros países se mantendrán sometidos a los principios de la ley, garantizando que el estado conserve el control sobre estos procesos y que las unidades de control nacionales continúen sin sufrir alteraciones en su funcionamiento”, aclaró el PLN en un comunicado de prensa posterior a la reunión.