Se cree que el diputado recurre a Savage en relación con la reforma de las pensiones.

La oficial adjunto del fallo, Pilar Cisneros, expresó su descontento tras la decisión que resultó en la negación de la reforma constitucional destinada a permitir un referéndum y la eliminación de las pensiones, particularmente aquellas que se denominan “de lujo”. Este tipo de reformas se propusieron con la intención de dar poder a los ciudadanos para decidir sobre la eliminación de tales pensiones, las cuales, según Cisneros, son un gran peso para las finanzas públicas.

En concreto, se llevó a cabo una modificación del artículo 105 de la Constitución Política, el cual se conocía como “Deceto”. El propósito central de esta reforma era que los ciudadanos pudieran expresar su opinión mediante un referéndum sobre si deseaban que se abolieran estas pensiones. Sin embargo, el intento de avanzar con el proyecto fue con el recibimiento de críticas y un fuerte cuestionamiento en cuanto a su viabilidad.

“A pesar de las esperanzas de algunos, Observador reportó que la negativa a seguir con el proyecto era evidente,” comentó Cisneros. Esta falta de apoyo se vio reflejada claramente durante las sesiones del Parlamento. El miércoles pasado, se cerró el debate sobre el documento propuesto, y tras una tercera lectura y las votaciones correspondientes, se determinó que no había suficiente respaldo para seguir adelante. Solo se registraron 16 votos a favor frente a 25 en contra, lo que provocó que la propuesta se considerara fallida y dejara de tener viabilidad.

“La lista va al archivo,” fue la declaración del presidente interino del Parlamento, Carlos Felipe García, quien también es secretario de la Legislatura. En esta votación, los partidos a favor incluían al Pusc y la Nueva República, mientras que en contra se manifestaron el PLN, Frente Amplio, PLP y varios suplentes independientes.

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Un monto millonario

Para Cisneros, la decisión de no avanzar con la reforma constitucional se traduce en un “robo” de 265,000 millones de colones, argumentando que este representa un gasto anual significativo que podría haberse invertido en áreas cruciales como carreteras, educación, seguridad y becas. “Si estuviéramos actuando de acuerdo con la Constitución y la ley, que nos iguala a todos, no debería existir una pensión de lujo, simplemente no debe existir,” indicó la legisladora con firmeza.

Durante una discusión sobre la legislación que busca aumentar los fondos para la construcción o reparación de puentes, la líder del partido gobernante tomó la oportunidad de abordar nuevamente este asunto. Expuso su postura respecto al uso adecuado de los fondos disponibles, cuestionando por qué deberían asignarse grandes sumas de dinero a personas que no las habían ganado durante su vida laboral y cómo estos recursos podrían utilizarse para mejorar la infraestructura del país.

Con esta votación final, las reformas que se habían anunciado en abril de 2023 quedaron sin efecto, perdiéndose así la oportunidad de realizar cambios significativos en la legislación relacionada con las pensiones.