Delegados del Proyecto Bured Cisneros sobre pensiones de lujo.
Recientemente, la Asamblea Legislativa ha tomado una decisión definitiva al rechazar el proyecto de ley número 23.724, que fue impulsado por el diputado oficial Pilar Cisneros. Este proyecto tenía como objetivo reformar la legislación existente sobre referendos, específicamente para habilitar consultas populares sobre los beneficios de pensiones de lujo. La votación en contra del proyecto fue contundente, resultando en 25 votos en contra provenientes de diversas facciones políticas. Entre los legisladores que se opusieron a la iniciativa se pueden mencionar a Jonathan Acuña, Antonio Ortega, Sofía Guillén y Rocío Alfaro, todos miembros del Frente Amplio, así como Ogcar Izquierdo y Andrea Álvarez de Liberación Nacional y la diputada independiente Kattia Cambronero.
A pesar del esfuerzo por parte de Cisneros y de otros 15 caucus legislativos que apoyaron el proyecto, la mayoría opositora fue bastante significativa. Los legisladores que se mostraron a favor pertenecen principalmente al partido gobernante, Nueva República, y de la Unidad Social Cristiana. Durante el debate en el plenario, el diputado Cisneros defendió su propuesta con vehemencia, tratando de refutar las críticas que surgieron en torno a la misma. Uno de los momentos más significativos de la discusión fue el enfrentamiento verbal entre Cisneros y la diputada Gloria Navas, a quien acusó de estar defendiendo intereses particulares en lugar de los de la ciudadanía.
El apoyo limitado que recibió la propuesta de reforma a la ley del referéndum indica una división clara en la Asamblea sobre cómo se deben manejar las cuestiones relacionadas con las pensiones de lujo. La resistencia a permitir consultas populares en este ámbito refleja no solo preocupaciones sobre los efectos potenciales de tales reformas, sino también una reafirmación del status quo en la gestión de las pensiones en el país. La discusión sobre este tema ha ido ganando relevancia en los últimos años, ya que la sociedad civil continúa demandando mayor transparencia y equidad en la distribución de recursos, especialmente cuando se trata de los fondos públicos destinados a pensiones.
