
La “Alerta Kimberly” ha sido objeto del primer debate en el Congreso para agilizar la búsqueda de mujeres desaparecidas.
La reciente sesión legislativa ha aprobado un nuevo proyecto plasmado en el primer documento de discusión 24,311, que dará origen a un Protocolo para la desaparición de mujeres que han alcanzado la mayoría de edad.
Esta iniciativa ha sido denominada “Kimberly Alert” y surge a raíz del trágico femicidio de Kimberly Araya, una madre de tres hijos de tan solo 33 años, quien estuvo desaparecida durante una semana antes de que su cuerpo fuera hallado en la ruta 32, específicamente en la zona de Jadri, muy cerca del túnel Zurquí. Este caso ha conmocionado no solo a su familia, sino también al país entero, lo que ha motivado la rápida acción legislativa en este tema.
El proyecto ha sido impulsado por la legisladora del Partido Social Cristiano, María Marta Carballo, y su principal objetivo es fortalecer tanto la prevención como la atención y la respuesta ante la alarmante situación de las mujeres desaparecidas en Costa Rica. La propuesta busca establecer un modelo de actuación que facilite respuestas efectivas y rápidas ante estos casos, brindando así un marco de acción más eficiente.
Carballo expresó: “Confiamos en que esta nueva iniciativa actúe como un instrumento eficaz para entidades como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la ciudadanía en general, permitiendo una búsqueda más ágil de las personas desaparecidas y, en lo posible, contribuyendo a la prevención de feminicidios, un problema que actualmente afecta gravemente al país”.
Se anticipa que esta propuesta será ratificada la próxima semana, tras una segunda discusión en el ámbito legislativo, y posteriormente será enviada al poder ejecutivo para recibir la firma del presidente Rodrigo Chaves y convertirse en ley.
Para más información: Proyecto de apoyo de la Comisión para implementar un sistema de alerta sobre la desaparición de mujeres adultas
El proyecto es presentado por Maria Marta Carballo.
El alcance de la propuesta
La propuesta para la creación de este protocolo nacional se desarrolla en tres etapas distintas, involucrando la colaboración de diversas entidades, incluyendo la policía local, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la policía fronteriza e Inamu, entre otros.
El objetivo de su implementación abarca varios aspectos cruciales. En primer lugar, se contempla la prevención de desapariciones, junto a la búsqueda activa y el seguimiento de casos tanto resueltos como no resueltos. También se garantiza un acompañamiento institucional para brindar apoyo y contención a las familias y círculos cercanos de las personas desaparecidas, como parte del proceso de búsqueda y recuperación.
El documento establece tres instrumentos fundamentales para la ejecución del protocolo:
- La intervención en medios de comunicación y el acceso a documentos privados cuando exista una sospecha razonable de que una persona posee información esencial para la resolución del caso.
- La difusión obligatoria y gratuita de alertas en medios de comunicación y plataformas digitales, tanto para casos de mujeres desaparecidas como para aquellos que siguen sin resolverse.
- La prohibición de salida del país para toda persona que haya sido notificada o que no haya podido ser localizada.