“Vamos a conseguir votos para el futuro”; los diputados responden al nuevo veto del presidente Chaves.

Después de que el presidente Rodrigo Chaves utilizara su poder de veto en relación con la ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y que tenía como objetivo fortalecer la pensión del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), los suplentes expresaron sus opiniones al respecto.

La indignación por el nuevo veto es palpable, y existe un firme compromiso de seguir buscando la regulación necesaria para que este proyecto se transforme finalmente en ley de la República. Esta situación ha generado un intenso debate entre los diferentes actores políticos y legislativos desde la liberación de la nación, lo que ha llevado a una variedad de perspectivas legislativas y reacciones en el ámbito público.

El jefe de la clase, Oscar Izquierdo, enfatizó la legitimidad del proyecto de ley al afirmar: “Desafortunadamente, la posición del Secretario y el Presidente está justificada. Ese proyecto de ley estaba fundamentado en argumentos legales y numéricos que demostraban su viabilidad para ser aprobado”. En su discurso, agregó que el papel que desempeñan los funcionarios del OIJ es vital para la seguridad de la población costarricense, subrayando que “no podemos olvidarlo y se debe hacer justicia. Buscaremos los votos necesarios para dar avance a esta ley”.

Alejandra Larios, quien también ha estado involucrada en la discusión legislativa, se mostró igualmente determinante al expresar que estaba convencida de que se tratar de una tarea justa y legal, y aseguró que harían todo lo posible para buscar los votos que restauren el proyecto tras el veto. “Estoy convencida de que lograremos el apoyo necesario”, concluyó.

Es importante mencionar que para restaurar el proyecto que fue rechazado desde la casa presidencial, se requiere un mínimo de 38 votos en la Asamblea Legislativa. En el segundo debate, la propuesta había sido aprobada con 40 votos favorables.

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“Revanchismo”

La diputada Monserrat Ruiz manifestó que la decisión de Chaves de ejercer su poder de veto contra esta iniciativa legislativa parece reflejar un “contenido de revanchismo”. Este comentario resuena entre muchos críticos que perciben sus acciones como retaliación contra el sistema judicial. “No es una coincidencia que sus discursos y actos se dirijan a los partidos que lo investigan, especialmente el Ministerio Público y los OIJ, que están indagando diversas causas de corrupción que involucran al presidente y a varios de sus ministros”, informó Ruiz.

Ruiz también recordó que este gobierno ha implementado una serie de vetos y que parece que continuará acumulando resistencias legislativas. Desde los partidos Pusc y Frente Amplio, los diputados Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro también lamentaron la decisión del presidente y discutieron sobre la posibilidad de reiniciar el proceso legislativo para el proyecto.

“Este veto es un obstáculo y utilizaremos todos los recursos que la Constitución nos ofrece para asegurar que los agentes del OIJ puedan tener un retiro digno. Presentaremos nuevamente el proyecto en la sesión legislativa”, propuso Alfaro. Por su parte, un representante del Partido Cristiano Social destacó que “es lamentable que el presidente no esté apoyando a los oficiales del OIJ que trabajan arduamente durante largas horas. Este tema regresará al Parlamento, y debemos debatir cómo proceder para que se respete el trabajo de estos agentes”.

El veto y el proyecto

El presidente Chaves justificó su veto alegando “razones relativas a la oportunidad, la comodidad y la buena gobernanza” de este tipo de iniciativas. En el documento enviado al Parlamento, se citó un análisis exhaustivo que llevó a la conclusión de que el contenido de la ley presentada contenía graves contradicciones que atentaban contra los conceptos fundamentales del sistema judicial y que podía afectar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Se señalaron tres puntos clave en el análisis que justificaron el veto:

• Violaciones al principio de igualdad ante la ley.
• Lesiones a los principios de razonabilidad y justicia.
• Violación del principio de sostenibilidad financiera.

El objetivo principal de la propuesta era permitir que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) tuvieran acceso a su jubilación anticipada a los 55 años. Para que los funcionarios del OIJ se beneficien de estas primeras pensiones, deben cumplir con ciertos requisitos, siendo el más relevante tener al menos 30 años de servicio en la organización.

Además, se establece que los agentes podrán recibir pensiones equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales calculados según el índice de precios al consumidor en el período correspondiente, lo que implica que se tendrá en cuenta la tarifas gubernamentales a la hora de determinar la validez de estas pensiones. También se incluye una serie de disposiciones en el artículo 226 sobre cómo llevar a cabo la jubilación anticipada si ciertos años de servicio no se alcanzan.