¿Cederá a la privacidad o esperará a retirarse? “No tengo miedo de ser investigado”, afirma el CEO.

El subdirector público, Alexander Barrantes, ha sido objeto de un rechazo por parte de la oficina del Fiscal General debido a un alegato de soborno inapropiado. Esta situación surge a raíz de una solicitud que realizó la Corte Suprema al poder legislativo, instando a levantar la inmunidad de Barrantes para permitir una investigación más profunda sobre el caso.

Se le acusa de haber solicitado a embajadas apoyo para ayudar a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, a cambio de votos que facilitaran la aprobación de ciertos proyectos, específicamente relacionados con el euro.

Este incidente no es un hecho aislado, ya que en noviembre de 2022, Guillén manifestó su condena hacia el Parlamento. La acusación formal en contra de Barrantes por parte del Ministro de Justicia se presentó en enero de este año, y la solicitud para levantar la inmunidad fue enviada al Parlamento el miércoles.

“Era evidente que había ofrecido un nombramiento diplomático o un cargo de carácter público a cambio de votos. Esta afirmación no solo es falsa, sino que también amenaza mi honor”, declaró Barrantes en un comunicado de prensa.

Sin embargo, en la misma declaración, no se aclaró si Barrantes tiene planes de renunciar a su privacidad legislativa o si solicitará que la inmunidad sea levantada. Cuando se le consultó sobre este tema a través de un reportero del medio “El Espectador”, la respuesta de Barrantes fue igualmente ambigua.

“Estoy de acuerdo con que el proceso legal sea respetado, no obstante, no deseo que los casos judiciales sean utilizados como herramientas políticas o mediáticas en este año electoral. Quiero asegurarme de que las investigaciones se realicen dentro del marco de legitimidad”, expresó Barrantes con firmeza.

Afirmó: “No tengo temor de ser investigado”.

Insistió en que es crucial que se respete su derecho a una carrera legítima y que las acciones judiciales no sean empleadas como instrumentos para la persecución política o mediática, reiterando su preocupación sobre el uso indebido de los procesos legales.

Siga más: El tribunal solicita levantar la inmunidad para el subdirector público, Alexander Barrantes, por la invitación a la embajada a Sofía Guillén.

Negociar, proponer …

En su comunicado, Barrantes enfatizó que su rol como diputado implica la responsabilidad de buscar negociaciones y construir alianzas. En su opinión, “los acuerdos políticos, que son parte del funcionamiento de una democracia activa, no deben confundirse con actividades ilegales”. El cumplimiento de sus deberes incluye proponer y facilitar puentes entre las distintas ideologías y buscar la solidaridad, que son aspectos esenciales de su función legislativa.

Además, el 9 de noviembre de 2022, el viceplovero de Guillén en el Parlamento hizo una declaración sobre la oferta que había recibido de la Legislatura Oficial.

Durante el inicio de la sesión, el diputado Alexander ofreció cargos y posiciones diplomáticas a Guillén a cambio de apoyo en la aprobación de proyectos, lo que dejó a muchos en shock. “Esto no solo me ofendió, sino que dejó en claro que no podemos ignorar estas situaciones”, dijo.

Este episodio provocó una investigación que culminó con la acusación por parte del Ministro de Justicia y llevó a los Comisionados de Distrito de la Corte Suprema a solicitar que se levantara la inmunidad del diputado ante el Parlamento.

Con la solicitud del poder judicial, será crucial determinar las alternativas disponibles si el legislador no renuncia a su inmunidad, ya que esto podría permitir que el caso sea llevado a juicio. “De acuerdo con la legislación y las normativas parlamentarias, se debe iniciar el proceso para discutir el levantamiento de la inmunidad”, expresó el Ministerio Público en un comunicado oficial.