Chaves enfurecido por un reconocimiento laboral.

El exministro y encargado del transporte en el sector público, Luis Amador, declaró ante los fiscales que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se mostró extremadamente enojado debido a la interrupción del acuerdo relacionado con los premios del aeropuerto Liberiano Daniel Oduber, el cual ya no estaba bajo la gestión de la compañía Pedregal. Esta situación ha generado un gran debate en el ámbito político y constructivo del país.

Amador, quien fue objeto de una investigación por parte del Ministerio Público en septiembre de 2024, reveló que la frustración del presidente se debió al hecho de que la empresa de construcción Meco S.A. fue la primera en recibir las calificaciones requeridas para el proyecto. Aparentemente, esto no estaba alineado con las expectativas del presidente, quien deseaba que la obra recayera en la compañía Pedregal.

El exministro se negó a participar en el mecanismo de premiación que favorecía a Meco S.A., ya que argumentó que el Comité Nacional de Emergencia (CNE) había tomado una decisión al respecto. Según *Telenoticias,* Amador compartió: “En diciembre de 2023, recibí una llamada del presidente Rodrigo Chaves Robles, en un encuentro conjunto con Alejandro Picado, presidente del CNE, y Eduardo Mora, asesor legal del CNE.”

Amador continuó relatando que durante esa llamada, Picado mencionó que Meco era la compañía que tenía la calificación más alta en ese momento, lo cual llevó al presidente a indagar sobre los criterios utilizados para dicha recomendación. Posteriormente, Chaves envió un mensaje de WhatsApp donde afirmaba que deberían considerar a Meco, mencionando su experiencia.

En declaraciones adicionales, Amador indicó que, uno o dos días después, Chaves lo volvió a contactar, manifestando su enfado y cuestionando por qué se había preferido a Meco sobre Pedregal. Amador respondió que su función no era recomendar o adjudicar premios, sino que eso era competencia del CNE. Durante esta segunda llamada, Picado y Mora le habían solicitado que realizaran una revisión exhaustiva para determinar si lo correcto era otorgar el proyecto a Pedregal y no a Meco.

Amador expresó su sospecha de que el mensaje de WhatsApp enviado por el presidente podía haber estado en favor de Pedregal, aunque no tenía pruebas concretas de ello. Esta incertidumbre resalta la tensión existente en torno a la asignación de proyectos clave para el desarrollo del país.

Todavía estaba furioso

A partir de enero de 2024, las reuniones continuaron, y el presidente Chaves seguía “furioso” con respecto a la adjudicación de los premios, dijo Amador. “Estaba furioso, molesto”, afirmó. Desde ese momento, el exministro indicó que había advertido que alguien tendría que asumir las repercusiones políticas por no asignar las obras a Pedregal.

Amador mencionó que le enseñaron sobre los costos políticos que implicaba su despido del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, lo que acentuó la sensación de presión que existía en la administración de Chaves. Finalmente, dejó su cargo en marzo de 2024, mientras que Chaves publicó justificativas para un sobrecosto de $2 millones en el trabajo asignado a Meco.

Este caso oscuro tiene a 15 personas involucradas, incluyendo a Mauricio Batalla, el exministro de MOPT; Alejandro Picado, presidente del CNE; Marco Castillo, director de Aviación; y Henry Villalobos, fiscal de CNE, quien fue arrestado por aproximadamente 40 horas. Además, se suman otros exfuncionarios como la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, quien fue responsable de firmar las resoluciones iniciales y las enmiendas que involucraban a la cantón liberiana afectada por la tormenta Bonnie, y quien autorizó el uso de fondos del Comité Nacional de Emergencia.

El Ministerio Público está investigando la posible comisión de delitos en relación a los supuestos ajustes maliciosos y prescripción de resoluciones basadas en hechos falsos. Esto plantea una serie de interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en el manejo de recursos públicos en situaciones de emergencia.

La investigación ha suscitado un gran interés público y se ha vuelto un tema candente, trascendiendo las fronteras del ámbito político y poniendo a prueba la confianza de la ciudadanía en sus líderes. Los funcionarios investigados han sido señalados por aprovechar su poder político y la jerarquía que ocupaban para influir en la toma de decisiones que beneficiaron a ciertas empresas constructoras, en detrimento de los intereses estatales.