¿Cómo reveló el caso una trama de corrupción? – La nación
A pocos días del octavo aniversario de su asesinato – el 18 de marzo – la Justicia está poniendo fin a uno de los crímenes que más afectó a Brasil y a la región, aunque el daño sea irreparable.
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal Este miércoles 25 de febrero, cinco hombres denunciaron por unanimidad como autores intelectuales del crimen, que también acabó con la vida del manager del activista, Anderson Gomes, ese día.
Se acabó João Francisco (“Chiquinho”) Brazão, exdiputado federal, su hermano Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro (TCE-RJ), su asistente Robson Calixto Fonseca; el investigador policial Rivaldo Barbosa y el ex policía Ronald Paulo Alves Pereira.
Los magistrados condenaron específicamente a los hermanos Brazão, Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca por Doble asesinato e intento de asesinato.
La Corte Suprema de Brasil declaró culpables a dos políticos de ordenar la muerte a tiros de la concejala Marielle Franco en 2018, un caso que conmocionó al país. El exdiputado Chiquinho Brazao y su hermano Domingos, exlegislador de Río, fueron condenados por unanimidad #AFP pic.twitter.com/X465r9OodH
— Agencia France-Presse (@AFPespanol) 25 de febrero de 2026
Los Brazão y Robson también fueron declarados culpables de asociación criminal. Y el quinto acusado, el policía Rivaldo Barbosa, fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva.
Corrupción política y milicias: la trama detrás del crimen que conmocionó a Brasil
El asesinato de la concejala Marielle Franco el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro no fue solo un crimen político, sino un punto de inflexión que expuso una compleja red de corrupción. Políticos, milicias parapoliciales y agentes estatales involucrados.. Ocho años de investigaciones, detenciones y juicios revelaron que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una red criminal con intereses económicos y políticos profundamente arraigados en el poder público brasileño.
Las revelaciones posteriores permitieron identificar no sólo a los verdaderos ejecutores, sino también a los intelectuales y funcionarios que habrían manipulado la investigación. Este caso se ha convertido en un símbolo de cómo las estructuras criminales pueden infiltrarse en las instituciones estatales.
Desde el principio, las autoridades sospecharon que el crimen tenía motivaciones políticas. Las investigaciones confirmaron que el asesinato fue ordenado por figuras políticas influyentes vinculadas a planes ilegales de apropiación de tierras.
Los fiscales sostuvieron que el crimen buscaba proteger intereses económicos vinculados al control ilegal de tierras, un negocio altamente rentable en Río de Janeiro y tradicionalmente dominado por las milicias.
Uno de los aspectos más reveladores del caso fue el conexión entre los asesinatos y las milicias, grupos paramilitares compuestos principalmente por ex policías, policías en activo y otros agentes de seguridad.
Estas organizaciones, que originalmente surgieron como supuestos grupos de autodefensa contra el narcotráfico, han evolucionado hasta convertirse en redes criminales que controlan territorios, extorsionan a los residentes y operan negocios ilegales, incluido el control del mercado inmobiliario informal.
Las investigaciones demostraron que los hermanos Brazão estaban relacionados con estas milicias y que Franco representaba una amenaza directa a sus intereses políticos y económicos.
Su labor como concejala incluyó proyectos de ordenación urbanística y defensa del derecho a la viviendainiciativas que podrían interferir con los planes ilegales de acaparamiento de tierras controlados por las milicias y sus aliados políticos.
El asesinato fue perpetrado por dos ex policías militares: Ronnie Lessa— que disparó contra el vehículo de Franco – y Elcio de Queiroz, quien conducía el vehículo utilizado en el ataque. Lessa tiene una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 30 días, mientras que Queiroz fue condenado 59 años y 8 mesesademás de una multa de 10 días.
La participación de ex agentes de policía no fue casual, sino representativa de un patrón en Río de Janeiro, donde las milicias suelen estar formadas por agentes de seguridad activos o retirados. Estas estructuras operan con conocimiento táctico, acceso a armas y redes dentro del estado.
Su testimonio fue clave para identificar a los autores intelectuales, revelando la existencia de una organización criminal estructurada.
El encubrimiento dentro de las instituciones
Uno de los elementos más graves que surgió del caso fue la participación de altos funcionarios del gobierno en el encubrimiento del crimen.
Entre los condenados se encuentran Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, acusado de obstruir deliberadamente la investigación. Según los fiscales, su papel consistía en dificulta la identificación de los autores intelectuales y garantiza su impunidad.
El hecho de que el jefe de policía encargado de investigar el asesinato fuera acusado de participar en el encubrimiento mostró la profundidad de la corrupción dentro de las instituciones responsables de garantizar la Justicia en Brasil.
Este elemento fue clave para demostrar que el asesinato era parte de una red criminal con acceso a los mecanismos del Estado.
Con medios locales
