Defensoría del Pueblo evalúa accesibilidad e inclusión en centros de votación – La nación
San José, 1 de febrero (elmundo.cr) – El Defensoría del Pueblo este domingo desplegado a más de 400 observadores electorales evaluar las condiciones de accesibilidad e inclusión en los centros de votación, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Los observadores, jóvenes entre 18 y 35 años, verificaron que los centros de votación cumplieran con las condiciones necesarias para la participación de personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y privados de libertad.
Se evaluó la apertura de los centros en el horario previsto, la disponibilidad de información y materiales de apoyo, y la garantía de los principios de igualdad, no discriminación, participación y autonomía.
El equipo de observadores está distribuido en escuelas, colegios y centros especiales como hogares de larga estancia, centros de salud mental y centros de atención institucional (CAIS). Recolectaron información a través de un formulario digital sobre aspectos como accesibilidad física, disponibilidad de materiales de soporte técnico y cumplimiento de los procedimientos de votación pública.
Según datos preliminares recabados entre las 06:00 y las 09:00 horas, el 92% de los centros de votación abrieron a las 06:00 horas Se observó que 247 centros contaban con servicios de salud accesibles, mientras que 72 no los tenían. En cuanto a la composición de las mesas, el 72,7% tuvo una composición mixta de hombres y mujeres, el 24,9% solo mujeres y el 2,4% solo hombres.
Además, el 81,4% de las mesas observadas contaban con todos los apoyos y ayudas técnicas para personas con discapacidad, y la lista de electores estaba visible en el 99,6% de los centros.
El 95,4% de las mesas electorales contó con espacio físico suficiente para que una persona con discapacidad pudiera emitir su voto, y el 91,85% de los centros de votación cumplieron con las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Una vez procesada la información completa, la Defensoría del Pueblo presentará un informe con las conclusiones y recomendaciones al tribunal electoral de la Corte Suprema.
