El Contralor destaca problemas adicionales con los proyectos de emergencia: el 75% de las contrataciones no logró concretarse.

La Contraloría General de la República (CGR) se presentó el miércoles ante la Comisión de Asuntos Hacendarios para discutir un nuevo informe relacionado con el Plan de Emergencia destinado a la construcción de infraestructura integrada y victoriosa. Este plan tiene como objetivo ejecutar múltiples proyectos que son esenciales para mejorar la infraestructura del país.

Para financiar este plan ambicioso, se aprobaron préstamos por un total de $700 millones durante una sesión legislativa. Los fondos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y están destinados a llevar a cabo la realización de 502 proyectos de infraestructura en diversas áreas deportivas, recreativas y de transporte, entre otras.

El gobierno había prometido que estas obras estarían concluidas en un plazo de 18 meses. Sin embargo, se ha hecho evidente que esta meta está lejos de cumplirse, y la realidad pinta un panorama poco alentador. La fecha comprometida inicialmente para la finalización de los trabajos era en septiembre, pero el progreso ha sido decepcionante hasta el momento.

El informe elaborado por la gerente Marta Acosta arroja luz sobre varias problemáticas asociadas con la implementación del plan. Uno de los aspectos más preocupantes es que el 75% de los procesos de reclutamiento de personal para los proyectos se han considerado fallidos. Esto sugiere que los esfuerzos para movilizar los recursos humanos necesarios para llevar a cabo estas obras no han sido efectivos.

Acosta señaló: “Este es un informe presentado por el Ministerio de Finanzas que revisa el avance de los proyectos. Puede que esta información provenga del Comité de Emergencia y de cada agencia ejecutiva”. Esto indica que, lamentablemente, no se han podido alcanzar las conclusiones favorables que se esperaban.

Además, la CGR ha destacado la realidad de que no se logrará cumplir con el plazo de 18 meses establecido, y se han detectado “deficiencias significativas en el desarrollo del plan”, así como una “falta de claridad” respecto a la responsabilidad que corresponde a las diversas agencias ejecutivas en la planificación y gestión de los proyectos.

En este contexto, se recordó a los presentes que el componente sobre el préstamo que contempla $700 millones tiene aspectos críticos, señalando que “existe el riesgo de que los proyectos no se realicen de acuerdo con lo planeado”.

Unión Postal Universal

Una cuestión de suma importancia es el reclutamiento del Servicio de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) como agente implementador del Comité de Emergencia. Acosta indicó que “la objetividad e independencia de las actividades de estas firmas es fundamental”.

En su declaración, Acosta también mencionó que “la relación histórica con UNOPS ha estado marcada por la dificultad en el acceso a información sobre la gestión de los fondos públicos”. Esto resulta alarmante, dado que la transparencia en el uso de recursos públicos es vital para la confianza ciudadana.

Adicionalmente, la gerente se mostró escéptica respecto a que $9 millones de un total de $18 millones acordados hayan sido correctamente asignados, señalando que “los pagos se han realizado a pesar de que el progreso del programa ha sido escaso”.

Los miembros del Comité Hacendario también cuestionaron la gestión del asunto desde la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y otros proyectos similares. La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su frustración por el contenido del informe y las irregularidades detectadas en la gestión de las empresas encargadas de la implementación.

La legislatura también subrayó que la ley establece que la compañía involucrada no debe ser contratada debido a preocupaciones sobre la supervisión y la correcta ejecución de los proyectos.

Seis años, no 18 meses

Por otra parte, el diputado Pilar Cisneros, del partido gobernante, defendió los esfuerzos realizados y comentó que la conclusión de los trabajos tomará más de seis años, sugiriendo que el presidente de la CNE, Alejandro Picado, ha generado expectativas poco realistas al afirmar que podrían terminarse en 18 meses.

“La realidad es que las obras requerirán aproximadamente seis años para completarse; cuestiono por qué el presidente se comprometió a plazos tan cortos. La situación será puesta sobre la mesa cuando las obras no estén finalizadas”, argumentó el legislador.

Además, hizo hincapié en que, hasta el momento, no se han pagado intereses sobre el préstamo de $700 millones, dado que tiene un periodo de gracia de cinco años antes de iniciar cualquier carga financiera.

En un informe anterior, ofrecido a los diputados propietarios de tierras, se expuso que, hasta el 6 de noviembre de 2024, se habían identificado 56 proyectos con diferentes inconsistencias. tales como:

• 33 con ubicaciones imprecisas.
• 11 que enfrentan circunstancias que pueden causar imprevistos.
• 7 que se están construyendo con fondos diferentes.
• 3 con nombres incorrectos en cuanto a las obras involucradas.
• 2 clasificadas erróneamente.
• 1 trabajo incluido en otro proyecto distinto.
• 1 trabajo duplicado.

Además, se reportaron 41 proyectos con retrasos en la construcción. Según la información de Conavi, se detectaron 12 obras que deberían ser excluidas de proyectos considerados de riesgo inminente.

Otro hallazgo del informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Tipos de Surhring (Lanname), de la Universidad de Costa Rica, evidenció que 44 proyectos supervisados por Conavi, 19 de ellos no requieren intervención, y 25 han sido clasificados como no prioritarios según su criterio.