El controlador está revisando los permisos necesarios para asistir al fiscal general.
El controlador general de la República ha expresado su inquietud respecto a la implicación de funcionarios públicos en una reciente marcha que tuvo lugar en Costa Rica, la cual se convocó en contra del Fiscal General, Carlo Díaz. Este evento, que no solo atrajo la atención mediática, sino también el interés de las autoridades de control fiscal, se traduce en una reflexión sobre el rol que deben desempeñar los servidores públicos en situaciones de tal índole.
En cumplimiento de sus funciones, la oficina del controlador general envió un requerimiento al Ministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, para aclarar la situación. Este requerimiento se formalizó mediante un documento que llegó el 7 de abril y que quedó formalizado a través de la auditoría interna de la institución. En él, se demandó información específica y detallada sobre cómo los funcionarios del Ministerio de la Presidencia habían participado en la mencionada marcha.
El controlador general ha subrayado la importancia de esclarecer estos hechos, especialmente en lo que respecta al uso adecuado del tiempo de trabajo de los empleados públicos y a la posible utilización de recursos del Estado en actividades de carácter político. La dependencia pública busca asegurar que los funcionarios no utilicen su posición o recursos públicos para fines que no tienen que ver con sus responsabilidades laborales establecidas y que son para la sociedad.
La inquietud refleja un compromiso por parte de la institución de velar por la transparencia y la responsabilidad en la esfera pública, cuestionando así la línea entre la libertad de expresión de los funcionarios y el respeto a su deber de imparcialidad en sus funciones. Las consecuencias de esta situación podrían establecer un precedente significativo en cuanto al involucramiento de servidores públicos en actividades de manifestación, aspecto que requiere un análisis más profundo y exhaustivo.
