El defensor del pueblo destaca ocho deficiencias en los programas sociales para combatir la pobreza.
El defensor del pueblo revela ocho fallas en programas sociales contra la pobreza
San José, 8 de mayo (Elmundo.cr) – El Defensor del pueblo ha identificado un total de ocho debilidades significativas en los programas sociales diseñados para ayudar a personas en vulnerabilidad. Esta revelación se deriva de una investigación exhaustiva publicada el jueves, la cual ha puesto de manifiesto las preocupaciones sobre la efectividad de estas iniciativas gubernamentales.
Los hallazgos de esta investigación, que abarcan el período comprendido entre 2019 y 2024, sugieren una alarmante ausencia de indicadores de resultados, lo que está directamente relacionado con la falta de una Política nacional de pobreza. Sin estas métricas adecuadas, resulta extremadamente difícil medir el impacto real que tienen los programas en las vidas de aquellos a quienes están destinados a beneficiar. La falta de planificación y evaluación puede llevar a un uso ineficiente de los recursos, lo que no solo afecta a los beneficiarios, sino que también genera desconfianza en la efectividad del Estado para abordar el problema de la pobreza.
En un contexto global que enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos, es fundamental que los programas sociales sean efectivos para garantizar el acceso justo a los derechos fundamentales. En Costa Rica, el sector de bienestar, trabajo e inclusión social se apoya en varias instituciones clave, como el Banco de Préstamos de Vivienda (Banhvi), el Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS), el Consejo Nacional de Fideicomisarios de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Cen-Cinai. Estas entidades están bajo la jurisdicción del Ministerio de Población, según establece el Reglamento ORGÁNICO DEL PLAN Nº 4358000000-MP PLAN.
La investigación realizada por el Defensor del Pueblo se centró en la planificación presupuestaria y la adjudicación de beneficios a los ciudadanos que participan en estos programas. Esto es crucial, ya que una correcta asignación de recursos puede determinar el éxito o fracaso de las iniciativas sociales.
Entre los hallazgos más preocupantes se destaca la ausencia de metodologías de costos, lo que resulta en decisiones arbitraras sobre la asignación de fondos. También se evidenció la falta de resultados e indicadores eficaces de impacto, lo que complica la evaluación de la efectividad de estos programas sociales. Adicionalmente, se identificó la falta de criterios de regionalización, que ignoran las particularidades de las diferentes regiones en la generación de pobreza, destacando una desconexión entre las políticas nacionales y las realidades locales. La falta de una política nacional de pobreza que centralice estrategias y responsabilidades contribuye a esta problemática.
Asimismo, el Defensor del pueblo encontró deficiencias en la evaluación de procesos y resultados debido a la ineficacia de los sistemas de registro administrativo actuales. También se ha señalado que no existen módulos específicos en encuestas nacionales, como la red de atención, lo que impide la realización de presupuestos adecuados y bien fundamentados.
Otro aspecto crítico observado es la reducción del presupuesto y la sub-ejecución, que generan inestabilidad en los recursos asignados. Esta situación no solo compromete la continuidad de los programas, sino que también afecta la confianza de la población en el Estado. Por último, la investigación indica que hay una notable ausencia de mecanismos de transición, que dificultan que las personas consigan consolidar su independencia económica. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la pérdida de acceso a servicios de cuidado infantil al sobrepasar la línea de pobreza, lo cual crea un dilema complejo para muchas familias que intentan mejorar su situación económica.
Edmundo
El mundo CR
