El organismo constitucional establece una nueva coalición de opciones para proyectos de capital en expansión.

El magistrado del Gobierno Constitucional ha declarado que la consulta referida no fue autorizada por un total de 21 diputados debido a múltiples violaciones a la legislación relacionada con el crimen organizado. Esta consulta se trató en una sesión legislativa y fue aprobada bajo el número de documento 22,834.

El proyecto que se discute es conocido como “capital emergente”, y busca otorgar al ministerio público la facultad de solicitar la aprobación de medidas anticipadas y de precaución preliminares dirigidas al tribunal administrativo y civil. El objetivo de estas medidas es garantizar la protección, recuperación o confirmación de activos financieros que pudieran estar relacionados con delitos.

Esta legislación significa que las autoridades podrían congelar temporalmente los activos de los individuos cuando existan sospechas de actividades delictivas, principalmente en casos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, estas acciones se realizarían antes de que se inicie una investigación formal.

En el año anterior, tras la aprobación del primer debate sobre este tema, se enviaron diversas consultas al compartimento correspondiente, que no se encontró adecuadamente estructurado para abordar esta cuestión. Solo se realizó un pequeño cambio en el texto original, modificado por el Comité Asesor Constitucional, y posteriormente se aprobó en el primer debate correspondiente.

Los suplentes del Partido Liberación Nacional (PLP), actual partido en el gobierno, junto a algunos miembros de otras facciones como el Partido Unidad Social Cristiana (Pusc) y la Nueva República, propusieron una nueva consulta con respecto a este tema específico.

Según los magistrados, “ante el Tribunal Constitucional, la consulta no permite que se declaren previamente medidas de precaución prospectivas y provisionales, lo que entra en conflicto con el principio de inocencia, la ley de defensa, la justicia, y aspectos como la libertad condicional y el anuncio de lo estipulado en la ley contractual”.

Además, señalaron que los promoventes no justificaron la necesidad de esta nueva consulta, que no parece alentar un avance en el proceso legislativo ni en la aplicación de la autoridad constitucional de la Legislatura. Esto fue expuesto en un comunicado oficial.

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¿Por qué en contra de eso?

Los representantes que se oponen a la iniciativa sostienen que esta propuesta infringe los derechos de las personas, ya que permitiría la confiscación de su propiedad sin que se presenten quejas o acusaciones en su contra.

También se ha eliminado el umbral económico que era considerado para justificar una posible congelación de activos. “Bajo la mera sospecha, sin una acusación formal, podrían congelar los activos”, manifestó Pilar Cisneros, líder del partido gobernante.

Eli Feinzaig, del PLP, añadió: “La carga de la prueba se invierte; ya no se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sino que se asume la culpabilidad hasta que se demuestre la inocencia y sin ningún umbral que justifique esto”.

Feinzaig continuó criticando la propuesta por tener defectos significativos, afirmando que no establece un umbral y permite que los activos queden congelados sin una acusación previa, otorgando solo tres días al individuo para demostrar la procedencia de su patrimonio, consideración que abarca un periodo de 10 años.

Los magistrados, en su resolución, también informaron que al analizar la nueva consulta, encontraron que la única enmienda presentada al proyecto de ley fue la eliminación de un apartado específico, el punto (a) número 20 ter, en respuesta a los criterios establecidos en la sentencia de opinión número 2024-029411.

Finalmente, declararon que, en el fondo, el proyecto se mantuvo sin cambios significativos y que no hubo un anuncio sobre un nuevo episodio relacionado con esta discusión legislativa.