El primero son las construcciones ilegales, el segundo es el desconocimiento de qué hacer con ellas. – La nación
En 2021, la Comunidad de Madrid empezó a pensar que era el momento de conocer qué estaba pasando en su territorio. Parece una idea absurda, pero lo cierto es que el gobierno español lleva décadas organizando ciegamente su territorio. Y en este contexto, una “restauración de la legalidad urbanística” es imposible.
Así lo hicieron y Les llevó cuatro años..
¿Qué encontraron? En general tienes un problema: Los asentamientos ilegales afectan a 5.334 hectáreas en 56 comunidades. Eso sí, el problema no está perfectamente repartido: el 80% de estas superficies se concentran en las llanuras de los principales ríos madrileños, principalmente en las zonas de Tajuña (2.712 hectáreas), Jarama (1.019), Guadarrama (363) y Tajo (150).
Y, por supuesto, eso hace que el problema sea aún mayor. Porque el incumplimiento de la normativa urbanística no es sólo un problema administrativo; Al contrario: existe un enorme riesgo para las personas y el medio ambiente. Esto último se demuestra fácilmente: existen parques regionales, áreas especiales y áreas protegidas que son de importancia central para la biodiversidad; y se superponen con las zonas afectadas por la construcción ilegal.
Pero más que eso, como atestigua la propia comunidad, representa un enorme riesgo físico, con muchos edificios ubicados en zonas propensas a inundaciones, lechos de ríos y prados. Y no estamos hablando de eventos catastróficos como la DANA, sino de que las inundaciones en las ciudades (como Las Sabinas en Móstoles) trajo el tema a la mesa.
Y nadie tiene respuestas concretas. Sobre todo porque no es nada nuevo: el estado de impunidad es generalizado (y no sólo en Madrid). durante al menos 20 años. Y no hablamos sólo de “descontrol” o de “hacer la vista gorda”: hablamos de esto, mientras la jurisprudencia es clara en que se trata de medidas sobre suelo no edificable Sólo puedes ser extraordinarioSiempre hay una licencia, un cambio específico o una solución técnica que dificulta el cumplimiento.
Lo que hay en el fondo son los incentivos conflictivos entre las dinámicas locales y regionales. Es algo que venimos viendo desde el eterno conflicto del Algarrobico.
Eso significa que ahora conocemos el verdadero alcance del problema. El estudio, que pretende demostrar el compromiso del gobierno estatal con la protección del suelo, refleja principalmente décadas de tolerancia. Ahora ha llegado el momento de un debate complejo: derribarlo todo o legalizarlo.
Y no se trata sólo de chalets de lujo o asentamientos precarios: hay mucho uso productivo informal que impacta de lleno en la actividad local. Además, es Madrid, una región que por su crecimiento poblacional ya ha organizado muchas zonas que hasta hace poco estaban igual o peor. Si nos acercáramos más: los datos de España no serían mejores.
Y no hay soluciones a la vista.
Imagen | Comunidad de Madrid / Elentir
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