El regulador analiza la utilización de recursos públicos para asegurar las jerarquías ejecutivas.
El papel del controlador es esencial para comparar el uso de fondos públicos y asegurar que se mantengan las jerarquías ejecutivas dentro de un marco de ética y legalidad en la gestión pública.
San José, 07 de mayo (Elmundo.cr) – el Control-General de la República (CGR) ha respondido de manera categórica a una consulta que le fue presentada por la Tesorería, en relación con la viabilidad de contratar una póliza de seguro orientada a la responsabilidad civil, utilizando recursos públicos para proteger a los altos jerarcas del ejecutivo. Esta lista incluye figuras como el presidente de la república, los vicepresidentes, así como también a los ministros y demás altos funcionarios.
Según los criterios legales y técnicos emitidos por la CGR, se dejó claro que No hay autorización legal para el uso de dinero público con el fin de alquilar un seguro que beneficiaría directamente a funcionarios públicos. Esta postura refleja la responsabilidad y el deber de garantizar que el interés público prevalezca sobre los beneficios personales. Así, el controlador subrayó que el seguro financiado por el estado debe estar orientado a proteger los intereses de la administración pública y no debe enfocarse en cubrir las responsabilidades particulares de aquellos que ocupan posiciones de alta jerarquía.
El documento emitido por el controlador establece: “El alquiler del seguro para cubrir las responsabilidades personales de las jerarquías sería incompatible con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa”, un punto crucial para entender el marco legal vigente. Además, el CGR enfatizó que la entrega de garantías o precaución es una obligación personal de cada funcionario público y que, bajo el marco regulatorio actual, utilizar fondos estatales para proteger a estos funcionarios de posibles errores u omisiones en el desempeño de sus funciones carece de respaldo legal y ético.
El controlador ha sido enfático en señalar que las jerarquías deben rendir cuentas con su propia herencia ante acciones que podrían ser consideradas ilegales o incorrectas. Esto no solo es un principio de justicia, sino que también forma parte de un sistema que demanda la responsabilidad individual en la toma de decisiones dentro de la función pública. Tal enfoque es fundamental para el buen funcionamiento de la administración pública y refuerza la idea de que los altos funcionarios están sujetos a regulación y deben actuar en el mejor interés de la sociedad.
Este fallo reafirma uno de los principios básicos que rige la gestión pública costarricense: los recursos estatales deben utilizarse para el bienestar colectivo y no para el beneficio personal de los funcionarios. Por ende, es imperativo que el Ministerio de Finanzas no considere la promoción del arrendamiento de esta póliza, y paralelamente, debe retener esos fondos para asegurar que se mantenga la integridad financiera del Estado.
Xavier Condega
El mundo CR
