Extradición de costarricenses por narcotráfico en otro debate.

Recientemente, el proceso de extradición en Costa Rica ha tomado un giro significativo en la sesión legislativa actual. Este avance está relacionado con la necesidad de abordar delitos tan graves como el contrabando de drogas y el terrorismo. La propuesta, que afecta a individuos de ciertos orígenes étnicos y nacionales, ha alcanzado un importante punto en su tramitación y se espera que pronto reciba la aprobación final.

Este martés, la sesión del Parlamento se centró en la discusión y votación de la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, incluida en el Registro 23.701. La reforma fue presentada por el legislador Cisneros y fue recibida con un apoyo unánime por parte de 44 diputados que estaban presentes en el hemiciclo. Este respaldo resalta la importancia del tema, así como el deseo de muchos en el poder legislativo de avanzar en esta cuestión de seguridad nacional.

Con esta aprobación, el próximo paso crucial es llevar a cabo el tercer y decisivo debate, programado para el miércoles. Si se logra una mayoría en este tercer debate, la reforma se convertirá en ley, permitiendo a Costa Rica extraditar a sus ciudadanos a otras jurisdicciones que estén investigando casos relacionados con el contrabando o el terrorismo asociado a las drogas. Esta medida busca fortalecer las herramientas legales del país en la lucha contra el crimen organizado, un problema que ha crecido en complejidad en las últimas décadas.

La reformulación del artículo 32 de la Constitución indica que “No se puede ver a ningún costarricense a abandonar el territorio, excepto en el caso del contrabando de drogas internacional o el terrorismo, siempre que se haya otorgado la autorización de los tribunales, respetando estrictamente los derechos y procedimientos fundamentales reconocidos en esta constitución.”

“Artículo 32- No se puede ver a ningún costarricense a abandonar el territorio, excepto en el caso del contrabando de drogas internacional o el terrorismo, se ha otorgado la asignación de los tribunales, con un apego estricto a los derechos y procedimientos fundamentales que se reconocen en esta constitución.

El lunes, el diputado Gilberto Campos, dirigente del Partido Liberal Progresista (PLP), citó las declaraciones del Ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien mencionó que en este momento hay entre 30 y 35 individuos que están bajo la mira de las autoridades extranjeras por los crímenes mencionados. Esto pone de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad urgente de medidas efectivas.

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Un paso positivo hacia la extradición

A diferencia del extenso debate del lunes, el martes se mostró una mayor celeridad en las intervenciones, donde apenas unos pocos diputados se refirieron a la reforma. Este debate estuvo más centrado en la forma y la legalidad del procedimiento.

“Entiendo que, bajo el marco legal existente, estas reformas solo facilitarán la extradición en condiciones muy específicas y estrictas”, afirmó Sofía Guillén, subdirectora general de una de las oficinas del gobierno. Guillén hizo hincapié en que su apoyo a la propuesta no debe ser interpretado de forma errónea cuando se trata de cuestiones de ideología, religión, o nacionalidad relacionadas con el terrorismo.

La diputada independiente Kattia Cambonero también se refirió a la importancia de la reforma presentada por Cisneros, subrayando que representa un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, advirtió que este cambio normativo por sí solo no resolverá la inquietante inseguridad que vive el país, haciendo un llamado al gobierno a seguir buscando soluciones integrales para el problema del crimen organizado.

¿Cómo funciona el proceso de reforma?

La reforma que se está tratando es de naturaleza constitucional, lo que requiere un proceso legislativo más riguroso, que incluye múltiples discusiones en el Parlamento. Este procedimiento se debe a que la iniciativa ya había sido aprobada en el primer debate en la Primera Autoridad Legislativa en noviembre del año pasado.

Una vez que se complete la aprobación en este ciclo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debe incluirla en su informe de trabajo, un paso que ya se concretó el pasado 5 de mayo.

Chaves expuso la urgencia de implementar leyes más estrictas y efectivas, aludiendo a la necesidad de sancionar adecuadamente a quienes explotan a menores en actividades delictivas y a aquellos que deterioran la seguridad del país. “Es fundamental que Costa Rica esté bien equipada para enfrentar este desafío tanto en el ámbito del terrorismo como del crimen organizado”, dijo, haciendo referencia a la urgencia de aprobar el proyecto número 23.701 que ahora está considerando el Parlamento.

Para finalizar, esta reforma necesita ser discutida en otras tres ocasiones en esta sesión legislativa, siguiendo un proceso ordenado. Si fue aprobada el lunes en el primer debate y el martes en el segundo, se espera que el miércoles se complete este proceso. Cada votación requiere un mínimo de 38 votos para ser efectiva, lo que demuestra la seriedad con que los legisladores toman la cuestión de la seguridad y la justicia en el país.