La Asamblea Legislativa está a la espera de abordar el poder de veto de tres presidentes.
El veto que se ha impuesto sobre la propuesta de ley tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la pensión del Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) a partir de los 55 años. Este tema ha suscitado un considerable debate en el ámbito legislativo, y ya se han registrado tres ocasiones en las cuales el Parlamento debe abordar y resolver esta cuestión con prontitud.
En este contexto, es crucial que los representantes en el Parlamento evalúen si deciden mantener el veto o, por el contrario, proceden a recompensarlo, convirtiéndolo en una Ley de la República. Para lograr la restauración del proyecto vetado, se requiere captar al menos 38 votos, lo que representa un desafío significativo dado el contexto político actual.
Además de esta importante propuesta relativa a las pensiones avanzadas del OIJ, otras dos iniciativas vinculadas a potenciales vetos están en la agenda del Parlamento. Estas incluyen la regulación sobre los vuelos de bajo costo hacia América Central y una serie de normativas relacionadas con la ley reconocida. Estos puntos son activos pendientes que el Parlamento debe abordar en su agenda, lo que podría ser factible durante este período inusual de sesiones. Sin embargo, esta resolución está sujeta a que el poder ejecutivo anuncie oficialmente los archivos correspondientes, lo cual es fundamental para establecer el programa a seguir.
El jueves pasado, el Secretario hizo referencia a la propuesta sobre los vuelos de bajo costo, dejándolo como un tema pendiente en el programa que se discutió en la sesión del jueves. Sin embargo, la situación cambió drásticamente el miércoles, lo cual, como bien apuntó Pilar Cisneros, provocó desconfianza desde el ejecutivo, poniendo en duda la continuidad del tratado.
Las mencionadas iniciativas no podrán avanzar como estaba previsto, lo que impide que el Parlamento continúe con su labor legislativa. El veto presidencial se produjo en el año 2025; el primero de estos vetos fue emitido el 18 de febrero para la propuesta que intenta restablecer tarifas de viaje a América Central de $100 y a la República Dominicana de $120.
La justificación detrás de este veto se basa en las proyecciones de que el turismo podría verse afectado negativamente, con el argumento de que la disminución de tarifas podría resultar en un recorte en la duración de estancia de turistas en el país.
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Casi tres meses después …
El 18 de mayo marcará tres meses desde que se impuso el veto a la propuesta de Eli Feinzaig, quien representa a los liberales progresistas. A pesar de que se hicieron múltiples intentos para reexaminar el veto, ningún esfuerzo ha logrado concretarse. Se esperaba que se tratara a fines de febrero, pero la discusión no se llevó a cabo, lo que provocó una serie de conflictos en el Estado Partido ya que algunos parlamentarios creyeron que ya habían perdido el tiempo asignado.
Posteriormente, se estableció como fecha límite el 11 de marzo, pero esta también fue modificada días antes del 18. Durante este mes, el día determinado no se concretó, lo que dejó en un estado de incertidumbre el proceso, sin fijar una nueva fecha a pesar de las insistencias de Pilar Cisneros.
En el PLP se ha manifestado que poseen los votos necesarios para la recuperación del proyecto; sin embargo, continúan buscando el momento adecuado en que todos los miembros puedan estar presentes.
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El presidente Rodrigo Chaves tiene tres vetas en 2025. (Fotos Alonso Solano/)
Regulaciones y sanciones
Asimismo, en febrero, poco después de ejercer el poder de veto sobre los vuelos de bajo costo, el presidente Chaves tomó decisiones similares en relación con el proyecto 23,192, conocido como “leyes para garantizar una regulación sobre la ley de la comisión”.
Esta decisión fue adoptada por razones de oportunidad, conveniencia y gobernanza. La iniciativa, encabezada por la subdirectora general Daniela Rojas, busca que el gobierno controle los proyectos de ley durante el periodo estipulado y, si no se mencionan, se establecerán parámetros dentro de un plazo de seis meses.
Adicionalmente, se proponen sanciones para aquellos jerarcas que violen esta legislación, es decir, para aquellos que no controlen la ley en el tiempo estipulado. Estas sanciones se aplicarían bajo el marco penal por incumplimiento de obligaciones en cargos públicos.
En este marco, la sanción podría ir de 1 a 3 años de prisión para funcionarios en cualquier posición pública.
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Los oficiales de OIJ quieren obtener una pensión avanzada.
Último
El martes, la Asamblea Presidencial de CASA envió a la Asamblea Legislativa un veto relacionado con la propuesta de fortalecer la pensión para los agentes del OIJ a sus 55 años, un reconocimiento a sus 30 años de labor. Chaves había advertido previamente que el proyecto sería objeto de veto, dejando así a los alternativos en búsqueda de una solución.
El jefe de bancada, Oscar Izquierdo, lamentó que la posición del Secretario y del Presidente se haya justificado de tal manera, señalando que la propuesta de ley estaba bien fundamentada, sustentada por argumentos legales y numéricos que demostraron su pertinencia para ser aprobada.
Asimismo, Alejandra Larios, quien ha estado al frente del proceso, anunció que han insistido que este proyecto es totalmente viable y se comprometió a buscar los votos necesarios para restaurar el plan, convencida de que podrán conseguirlos.
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