La compensación legislativa avala los derechos de las mujeres en la constitución.
SAN JOSÉ, 1 de mayo (Elmundo.CR) – En una jornada significativa para la legislatura costarricense, se aprobó el martes la compensación legislativa con 41 votos a favor del segundo debate del proyecto de ley 24.444, conocido como ‘Land for Women’. Esta iniciativa representa un avance crucial en la búsqueda de equidad de género y en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres rurales, un grupo que ha sido históricamente marginado en cuanto al acceso a recursos vitales como la tierra y la capacitación.
Este proyecto fue impulsado con gran dedicación por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz en colaboración con la diputada Alejandra Larios Trejos y el Mujeres rurales nacionales, quienes han visto la necesidad de dar voz a las mujeres que trabajan incansablemente en el sector agrícola pero que, a pesar de sus esfuerzos, enfrentan numerosas limitaciones. La falta de acceso a la tierra, a oportunidades de formación profesional y a financiamiento es un tema recurrente que ha sido ignorado durante demasiado tiempo.
Según datos del Censo Agrícola de VI (Aesagro, 2014), en Costa Rica, solo un 15.6% de las granjas están bajo la propiedad de mujeres, lo que representa un alarmante 8.1% de la superficie total de las granjas operadas por personas naturales. Además, es importante mencionar que las fincas en manos de mujeres son significativamente más pequeñas que las de sus contrapartes masculinos, con la mayoría de ellas (un 81%) con superficies por debajo de 10 hectáreas. Esta situación revela una inequidad que necesita ser abordada de manera urgente.
A pesar de que muchas mujeres participan activamente en actividades agrícolas y de conservación en sus hogares, es lamentable que frecuentemente no obtienen ingresos por su trabajo, lo cual perpetúa el ciclo de pobreza y limitaciones económicas. Esta ley tiene como objetivo promover el acceso de las mujeres a la tierra, a través de una serie de reformas que van a reducir las barreras existentes que impiden este acceso vital.
Entre las medidas pertinentes se establece el desarrollo de un sistema de asistencia técnica productiva, junto con la capacitación de las mujeres rurales, iniciativas que estarán administradas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (POW), y el Instituto de Desarrollo Rural (Interior). Además, el compromiso del gobierno incluye un enfoque en promover el derecho de propiedad y facilitar el acceso y control sobre la tierra y otros recursos en el panorama rural.
La política también deberá priorizar el ofrecimiento de tierras, asegurando acceso a asistencia financiera técnica y acceso a crédito. Es crucial que se garantice que al menos el 50% de los beneficiarios de estas iniciativas sean mujeres, como parte integral de la población objetivo. Esta directriz inclusiva está diseñada para empoderar a las mujeres y fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible.
Asimismo, se estipula que al menos un 8% de los ingresos recogidos por concepto de estimaciones agrícolas se destine a impulsar la dotación y regulación de tierras para mujeres, así como a otras acciones que buscan cerrar la brecha de género en lo que respecta al acceso y control sobre la tierra. Esta repartición equitativa es fundamental para el progreso de la comunidad rural y el país en su conjunto.
La nueva ley también involucra a la Secretaría Ejecutiva de la Planificación del Sector Agrícola para ampliar el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Midplan). La recopilación de datos sobre la propiedad de la tierra, actividades productivas y el acceso al crédito se considera un paso crucial para entender las dinámicas agrícolas y las disparidades existentes, lo que a su vez ayudará en la formulación de políticas inclusivas.
Esta información se considera esencial para la toma de decisiones efectivas y para la reducción palpable de las brechas existentes. Por ello, se incluirá en el diseño estadístico del censo nacional agrícola y en las estadísticas agrícolas en general, ofreciendo una visión más precisa sobre la situación actual.
“Con la aprobación de la Constitución para las Mujeres, Costa Rica reafirma su compromiso de mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Garantizar el acceso igualitario a la tierra y a los recursos es un derecho que no solo beneficia a las mujeres, sino que también representa una ventaja para la sociedad en general, fortaleciendo la economía nacional y asegurando la sostenibilidad futura”, afirmó la diputada Cambronero -Adjunk Aguiluz, resaltando la importancia de este avance.
Finalmente, tras haber sido aprobada en el segundo debate, la propuesta será enviada al poder ejecutivo para su correspondiente firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno, sentando así las bases para cambios significativos en la legislación y la realidad de las mujeres en el campo costarricense.
