
La iniciativa de costos dará a conocer los resultados del tercer Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI) en Costa Rica.
San José, 22 de abril (Elmundo.CR) – La Infraestructura de Transparencia del Índice (ITI) emerge como una herramienta esencial para la evaluación y mejora de la apertura de información en los diversos proyectos de infraestructura pública que se llevan a cabo en Costa Rica. Este índice no solo mide el acceso a los datos, sino que también juega un papel crucial en la optimización del manejo de recursos públicos, alentando una cultura de transparencia que beneficia a toda la población.
De forma anticipada, la Iniciativa Costo Costa Rica tiene programado presentar el tercer informe del ITI el 15 de mayo de 2025, a las 9:00 a.m. en el Auditorio Jorge Manuel Denggo, que pertenece a la Facultad de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Este informe proporcionará información valiosa sobre el estado actual de la transparencia en proyectos de infraestructura, permitiendo a los involucrados tener un panorama claro de los avances logrados hasta el momento.
“El ITI contribuye a fortalecer la gestión de la inversión pública mediante la identificación de áreas donde se puede mejorar la disponibilidad de datos, promoviendo así la responsabilidad y asegurando un uso más eficiente de los recursos públicos”, comentó Marisol Castro Castro González respecto a la relevancia de esta iniciativa para el país. Esta evaluación permite que las entidades del sector público no solo reflexionen sobre su desempeño, sino que también sean motivadas a establecer mejoras significativas en sus procesos.
El estudio no solo mide el estado actual, sino que su metodología para difundir información sobre proyectos públicos por parte de las instituciones estatales crea recomendaciones específicas. Estas sugerencias están diseñadas para que las entidades gubernamentales perfeccionen la divulgación de la información, asegurando que la ciudadanía tenga un acceso claro y comprensible a los datos relevantes.
Adicionalmente, la implementación de estas recomendaciones impulsa la participación activa de diversos actores, como el sector privado y las instituciones académicas, en la construcción de políticas de infraestructura más efectivas. En un contexto donde la eficiencia del gasto público es fundamental, la ITI se convierte en un aliado estratégico que fortalece la confianza pública en la inversión estatal. Esto asegura que los proyectos de infraestructura realmente beneficien a la población costarricense, logrando un impacto positivo en sus vidas.
Es importante notar que se ha logrado un progreso significativo en las instituciones que formarán parte de este tercer informe en comparación con años anteriores. Se estima que en 2025, alrededor de 30 instituciones participarán, de las cuales más de la mitad (18) ya han estado involucradas en lanzamientos previos, y 11 de ellas han estado participando continuamente desde 2021.
Como indicó Cathalina García, responsable del proceso en Costa Rica, “la participación continua en el ITI no solo alienta a las instituciones a mejorar, sino que también se detallarán los avances en aquellas que han sido parte del proceso en tres ocasiones”, asegurando así un análisis exhaustivo.
El índice mide cuatro dimensiones clave:
- Disponibilidad: Evalúa la cantidad y calidad de la información publicada sobre proyectos de infraestructura, garantizando que sea accesible y comprensible para los ciudadanos.
- Participación: Mide el grado en que la sociedad civil, el sector privado y otros actores pueden participar activamente en la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura.
- Responsabilidad: Examina los mecanismos que permiten a las instituciones rendir cuentas sobre sus decisiones, gestionar riesgos y tomar medidas correctivas cuando se identifican irregularidades.
- Capacidad institucional: Analiza si las instituciones poseen los procesos, regulaciones y recursos necesarios para garantizar la transparencia y mejorar la eficiencia en la gestión de la infraestructura pública.
A través de estos criterios, se facilita la identificación de logros y áreas de mejora en la transparencia vinculada a la inversión pública en infraestructura, promoviendo así un uso más eficaz de los recursos estatales. Las calificaciones se fundamentan en una serie de indicadores que son examinados individualmente, permitiendo la evaluación de las prácticas institucionales y las condiciones nacionales que afectan la transparencia y la responsabilidad en el sector público de infraestructura.
Los resultados obtenidos serán publicados en forma de índice, clasificando las entidades que contratan y ofreciendo una evaluación nacional desde la perspectiva de los diversos sectores implicados.