La universidad de trabajadores sociales alerta sobre las dificultades en el respeto a los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad.
La universidad de los trabajadores sociales ha expresado su preocupación sobre las violaciones a los derechos humanos que afectan a las personas que se encuentran privadas de libertad en el país. Esta problemática es de suma importancia, ya que refleja la situación de vulnerabilidad en la que viven muchas personas en los centros penitenciarios.
San José, ABR (Elmundo.cr) – El Colegio de Trabajadores Sociales ha manifestado su inquietud respecto a la reciente implementación de ‘espacios de alta inclusión’ en el sistema penitenciario. Esta inquietud surge a raíz de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Paz el 9 de abril, que ha generado controversia entre los especialistas en derechos humanos y los trabajadores sociales.
De acuerdo con la institución, esta medida representa un claro retroceso en materia de derechos humanos y no aborda de manera efectiva las inquietudes sobre la seguridad ciudadana ni el combate al crimen. El enfoque que se está tomando, según opinan, no resulta en soluciones que sean verdaderamente efectivas para los problemas estructurales del sistema penitenciario.
“Las medidas que han sido recientemente adoptadas en esta institución limitan gravemente el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con sus familias y acceder a medios de comunicación. Estas restricciones no sólo afectan su salud mental y emocional, sino que también eliminan la posibilidad de mantener un vínculo con el mundo exterior”, advirtió el Dr. Jorge Arturo Sáenz, presidente de la universidad. También destacó que esto afecta las condiciones decentes y humanizadas en prisión, que deberían ser un estándar básico en la ejecución de penas privativas de libertad.
El Dr. Sáenz resaltó que la resolución en cuestión es incompatible con la actual política penitenciaria del país y con los tratados internacionales que Costa Rica ha firmado, que promueven el respeto a los derechos humanos de todos los individuos, sin excepción. Esto incluye a aquellos que han sido privados de su libertad, quienes, según la legislación, no deben ser despojados de sus derechos más fundamentales.
En 2018, la política penitenciaria del país fue sometida a revisión y se reconoció que las personas en prisión deben tener garantizados todos sus derechos, con las únicas restricciones que se justifiquen en virtud del régimen de privación de libertad. Sin embargo, la implementación de la actual medida parece ir en contra de estos principios.
En lugar de fomentar espacios de alta inclusión, la escuela aboga por la implementación de un plan que se enfoque en aumentar la capacidad laboral, mejorar la educación y promover la integración social de la población que se encuentra en los centros penitenciarios. Estas acciones son consideradas esenciales para facilitar la reinserción efectiva de los individuos a la sociedad una vez que han cumplido sus penas.
El Dr. Sáenz recordó que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas que están bajo custodia del sistema penitenciario, lo que incluye el “derecho a la vida y la integridad personal”, tal como lo establece el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Esto implica que deben recibir un trato justo y humano, acorde a su condición de seres humanos.
La universidad ha reiterado su firme compromiso con la defensa de los derechos de esta población vulnerable, a pesar de las complejas y difíciles condiciones que enfrentan los trabajadores sociales en los entornos carcelarios. Es fundamental que las políticas y resoluciones futuras se alineen con los principios fundamentales de dignidad y respeto hacia todos los individuos, sin importar su situación legal.
Edmundo
El mundo CR
