Las alternativas presentan nuevamente el proyecto de nuevas capitales para su consulta con la sala IV.

El 31 de marzo se llevó a cabo una importante sesión legislativa en la que se aprobó el primer debate de una controvertida iniciativa, aunque no sin divisiones y dudas sobre las alternativas para varios delitos. En esta ocasión, 21 diputados lograron enviar el proyecto a consulta con la Agencia Constitucional, con un total de 22,834 votos. Este proceso ha sido un verdadero punto de discusión en el ámbito político, lo que reafirma la polarización que existe en el tema de la criminalidad y la financiación relacionada con el crimen organizado.

La iniciativa legislativa tiene como principal objetivo la mejora de la “ley 8,754”, la cual se enfoca en establecer un marco más robusto contra el crimen organizado, específicamente para fortalecer la gestión de lo que se conoce como nuevas capitales, una jurisdicción que ha provocado críticas y controversia. Dicha propuesta fue introducida por la anterior administración ejecutiva, lo que añade una capa adicional de complejidad y sospechas acerca de sus verdaderas motivaciones y efectos.

Entre los partidos que firmaron la consulta se encuentran el Pusc, Liberal Progresista, la Nueva República y el fallo legislativo, todos en oposición a la iniciativa. Este no es el primer intento por parte de la Asamblea Legislativa de abordar este tipo de propuestas; de hecho, es la segunda vez que el proyecto es enviado a valoración de la Sala IV. En el pasado, específicamente en septiembre de 2024, la propuesta había recibido luz verde en su primera discusión, pero desde entonces ha enfrentado una serie de críticas y cuestionamientos sobre la “erradicación de un dominio oculto”.

Los comisionados que han revisado el proyecto han sido críticos en cuanto a la falta de especificaciones en la estructura organizativa de la iniciativa. Sin embargo, se logró establecer que existe una estructura de gobierno que se relaciona con la normativa en cuestión, lo que sugiere que existe un camino para anunciar la transferencia de quejas en los medios de comunicación relacionadas con juicios anteriores. Estos elementos han contribuido a generar un ambiente de desconfianza hacia la propuesta.

Durante un debate reciente, se advirtió que “la escritura es inexacta, es demasiado amplia y, como tal, viola tanto el derecho a la defensa como el principio de justicia”, lo que resalta aún más las preocupaciones que tienen los legisladores sobre el contenido del proyecto.

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Fue cambiado

El texto, al ser retornado a la Asamblea Legislativa, fue canalizado hacia el Comité Constitucional, que se encargó de implementar las enmiendas señaladas por los legisladores. Posteriormente, el proyecto fue revisado una vez más por el Comité de Seguridad antes de ser turnado al Ministerio Público (MP) para un nuevo primer debate.

La propuesta tiene como objetivo empoderar al ministerio público, permitiéndole solicitar que un tribunal de gestión y civil implemente medidas preventivas, con el fin de asegurar, robar, preservar o verificar activos financieros y tasas de interés considerados sospechosos. Esto implicaría que puedan congelar bienes de individuos objeto de investigaciones, especialmente en los casos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, incluso antes de que se inicien formalmente dichas indagaciones.

Este aspecto ha suscitado un gran número de críticas, pues los legisladores que se oponen al proyecto lo catalogan como una amenaza a los derechos fundamentales. Y es que, bajo este nuevo marco, se eliminaría el umbral económico que limitaba la posibilidad de congelación de activos, creando un escenario mucho más amplio donde se podría actuar a partir de meras sospechas.

“Frente a una simple sospecha, sin una acusación formal, podrían proceder a congelar bienes”, afirmó Pilar Cisneros, líder del partido gobernante. Sin embargo, Eli Feinzaig del PLP expresó su preocupación con un fuerte discurso: “La carga de la prueba se invierte; ahora la persona es culpable hasta que demuestre su inocencia y lo debe hacer sin límites temporales”. Además, este proyecto presenta defectos significativos, como la falta de un umbral claro que regule la congelación de bienes

y un tiempo limitado de tres días para demostrar el origen de la propiedad, con un recorrido que, defensivamente, podría extenderse hasta 10 años. La incertidumbre está ahora sobre la Asamblea, que debe encontrar una resolución respecto a la reciente consulta planteada.

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