Los delincuentes pueden enfrentarse a penas de hasta 8 años de cárcel para eludir a la policía.
La diputada Dinorah Barquero ha presentado una importante propuesta legal que busca implementar sanciones más severas para aquellas personas que utilizan accesorios de la policía o equipos de emergencia sin la debida autorización. Esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación en Costa Rica sobre el uso indebido de uniformes y equipos que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Este fenómeno ha suscitado serias inquietudes en torno a la seguridad pública, ya que ha sido vinculado a una serie de delitos que se han ejecutado aparentando tener autoridad.
El proyecto legislativo, identificado como archivo 24933, contempla penas de hasta un año de prisión para quienes sean sorprendidos transportando vestimentas o insignias de la policía sin la pertinente aprobación. Sin embargo, las sanciones son mucho más rigurosas en el caso de que estos atuendos sean empleados en la comisión de delitos, donde las penas podrían oscilar entre tres y ocho años de prisión. Este marco sancionador se plantea con el objetivo de disuadir a los delincuentes que, al hacerse pasar por autoridades, cometen actos que dañan gravemente a la sociedad.
Barquero argumenta que esta reforma se hace necesaria debido al aumento alarmante de crímenes perpetrados por individuos que se presentan como figuras de autoridad, situación que representa un serio desafío para las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad en el país. De acuerdo con la diputada, los uniformes y equipos de emergencia son símbolos de confianza y deben ser utilizados únicamente por quienes están debidamente autorizados y capacitados para servir a la población.
La propuesta fue presentada oficialmente el 10 de abril y en la actualidad se encuentra en la etapa de revisión por parte de una comisión legislativa. Este es un paso crucial que permitirá un análisis profundo del contenido y las implicaciones de la reforma, así como su posible aprobación. La diputada Barquero confía en que la medida no solo contribuirá a mejorar la seguridad pública, sino que también enviará un mensaje claro sobre la gravedad del delito de usurpación de funciones públicas y la necesidad de proteger la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad.
