Los diputados han dejado a los agentes del OIJ con una pensión fija, la cual el presidente Chaves amenazó con vetar.
El reciente anuncio o potencial amenaza para el veto del presidente Rodrigo Chaves ha llevado a que la mayoría de los suplentes de la Asamblea Legislativa sean aprobados el pasado martes, en un nuevo debate que finalmente ha registrado un total de 22.817 votantes a favor de la iniciativa. Esta cantidad refleja un gran interés por parte de los legisladores en avanzar en las reformas propuestas.
En este contexto, el Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) ha visto una magnífica oportunidad para mejorar su propósito de fortalecer su programa de retiro, que se encuentra en vigencia desde hace 55 años. Su importancia en el sistema judicial es crucial, y este movimiento busca reconocer y recompensar adecuadamente su labor a lo largo de los años.
Es relevante destacar que un total de 40 suplentes votaron a favor de la propuesta, con la notable excepción de los votos en contra provenientes del partido gobernante. Esto indica una clara división en la opinión política, pero a su vez, refleja un consenso significativo entre los demás partidos sobre la necesidad de esta reforma.
La propuesta fue originalmente presentada en el año 2021 por el entonces CEO y vicepresidente Drago Donolescu, la cual fue impulsada fuertemente en este período por la diputada de Verdiblanca, Alejandra Larios.
“Me siento muy satisfecha con la segunda aprobación que hemos conseguido en esta discusión referente al proyecto de ley, superando los votos requeridos. Agradezco a todas las autoridades policiales y del OIJ que trabajaron arduamente en esto”, comentó Larios. Además, subrayó la increíble dedicación de los funcionarios del OIJ, quienes trabajan alrededor de 3.000 horas al año, constituyendo la policía técnica, cuyo día laboral promedio es de 12 horas.
Para que los funcionarios del OIJ puedan disfrutar de un retiro tempranamente a los 55 años, deberán cumplir con una serie de requisitos. Uno de los más importantes es haber trabajado un mínimo de 30 años en la organización, lo que subraya la importancia de la experiencia acumulada. Este programa de pensiones permitirá a los funcionarios beneficiarse de pensiones que equivalen al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, ajustados según el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo periodo, lo que se busca garantizar es que tengan una pensión digna.
Adicionalmente, los agentes también llevaron a cabo el primer debate sobre el proyecto que les permite a los agentes del OIJ acceder a un sistema de pensión a los 55 años.
Chaves amenazó con ejercer veto contra el proyecto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Sin años de servicio
El proyecto también incluye el artículo 226, el cual describe cómo debería llevarse a cabo una jubilación anticipada en caso de no cumplir con el número de años de servicio requerido. Este punto resulta fundamental para aquellos que, a pesar de haber alcanzado la edad necesaria, no cumplen con el tiempo de servicio estipulado.
El texto establece que: “Si el retiro se produce cuando el servidor o servidora cumple con el requisito de edad, pero no alcanza los treinta años de servicio requeridos, la jubilación no se negociará proporcionalmente, siempre que se haya cumplido con el tiempo mínimo establecido”. Esta cláusula busca proteger a aquellos que, aunque estén cerca de cumplir sus años de servicio, no podrán acceder a una pensión completa.
La determinación del monto a pagar se ajustará multiplicando la “cantidad” promedio especificada en el artículo anterior por los años de servicio cumplidos, y el resultado será dividido entre treinta. Este método de cálculo asegurará que los retiros sean justos y equitativos.
“Estamos ante un error grave, un error muy grave. ¿Qué le diremos a la policía o los bomberos que también arriesgan sus vidas?”, planteó Pilar Cisneros, recordando que previamente se había presentado un proyecto que buscaba eliminar privilegios en las jubilaciones.
Los votos que se recibieron este martes para la aprobación en el segundo debate son cruciales. Si el presidente Rodrigo Chaves decide vetar este proyecto en los próximos 10 días, el respaldo recibido podría ser suficiente para que se logre restablecer la propuesta al pasar nuevamente la votación.
