Nueva ley contra el fraude electrónico podría encarecer el crédito, advierte especialista – La nación
San José, 5 mayo (elmundo.cr) – La reciente aprobación de una ley que obliga a los bancos a responder al fraude electrónico podría tener un impacto en el costo del crédito y los servicios bancarios, según Malberth Cerdas Herrera, profesor de Administración de Empresas y Economía de la Universidad Fidelitas.
Cerdas Herrera señala que si bien las regulaciones buscan proteger a los consumidores del aumento de los delitos digitales, también introduce nuevos riesgos operativos y legales para las instituciones financieras.
“El objetivo de proteger a los usuarios del sistema financiero es válido y necesario. Sin embargo, desde el punto de vista económico, cualquier regulación que introduzca nuevas responsabilidades. “También genera nuevos costos y esos costos generalmente se trasladan al mercado”.explicó.
La ley establece que los bancos deben responder por el dinero robado de las cuentas de sus clientes mediante fraude electrónico, incluso cuando el delito haya sido cometido por terceros. Además, modifica la carga de la prueba, debiendo ahora los bancos demostrar que actuaron correctamente ante una reclamación por fraude.
Para el economista, esta enmienda cambia significativamente el marco de responsabilidad en el sistema financiero. “A medida que los bancos empiezan a aceptar la responsabilidad por las pérdidas causadas por los piratas informáticos, el robo de identidad o el engaño tecnológico, en cierto modo empiezan a parecerse más a aseguradoras de fraude digital que a simples intermediarios financieros”, afirmó.
Ante este nuevo escenario, las entidades pueden obligados a reforzar sus sistemas de prevención, invertir más en tecnología de seguridad, aumentar las reservas para posibles reclamaciones e incluso contratar seguros especializados contra el fraude electrónico. Todas estas medidas implican mayores costos operativos.
“La experiencia internacional muestra que cuando los costos regulatorios o los riesgos legales aumentan para los bancos, tienden a ajustarse de tres maneras: o, aumentar los tipos de interés de los préstamos, aumentar las comisiones o limitar la oferta de determinados productos financieros”.Indicó Cerdas.
El especialista opina que el debate público sobre esta ley debe analizar sus efectos económicos en el mediano plazo. “Es posible que parte de estos nuevos costos eventualmente sean absorbidos por los propios usuarios del sistema financiero, ya sea a través de servicios más caros o condiciones crediticias más estrictas”, explicó.
Cerdas sugiere complementar la regulación con mecanismos que distribuyan mejor los riesgos, como la creación de un protocolo nacional para prevenir y responder al fraude electrónico, o un fondo de compensación financiado por el sistema financiero.
Además, destaca la importancia de la educación financiera y digital de los usuarios. “Hoy Muchos fraudes no ocurren como resultado de fallas tecnológicas, sino como resultado de manipulación psicológica o ingeniería social. Por eso la prevención y la educación de los usuarios son tan importantes como la regulación”, afirmó.
En opinión del académico, el desafío es encontrar un equilibrio entre proteger a los clientes y mantener la sostenibilidad del sistema financiero. “Una regulación bien diseñada debería reducir los incentivos al fraude y fortalecer la seguridad para los usuarios, pero también debería garantizar que los costos no acaben alejando a la gente del crédito y de los servicios financieros formales”, concluyó.
