Rodrigo Chaves rechaza leyes que permitirían al OIJ y a la fiscalía realizar operativos durante todo el día.

Este miércoles, un nuevo veto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue presentado ante la Asamblea Legislativa. Este veto corresponde a un proyecto que se desarrolló bajo el documento número 24,495, que se centra en la extensión del plan para la implementación de ataques judiciales en el país.

El 29 de abril, durante el segundo debate, se aprobó este proyecto, y la decisión sobre el veto fue comunicada el 9 de mayo, cumpliendo así con el plazo de 10 días que establece la constitución política. Este proceso es un claro ejemplo del funcionamiento de los mecanismos democráticos en el país.

El presidente fundamentó su decisión de aplicar el veto al invocar los poderes asignados en el Artículo 125 de la constitución. Según indicaron fuentes cercanas, hay numerosas razones por las cuales se ha decidido contrario a la ley, incluidas preocupaciones planteadas por Monserrat Ruiz, subdirectora general de la libertad de libertad. Ruiz sostiene que la ley “implica procedimientos significativos” que podrían afectar negativamente a diversos aspectos del sistema judicial.

El presidente de CASA ha argumentado que este Texto genera una incertidumbre considerable. “El texto en cuestión tiene una contradicción fundamental: por un lado, respalda los ataques judiciales las 24 horas del día, 365 días del año, pero adicionalmente establece que es esencial abandonarlo cuando surja una emergencia. Si la autorización es general, ¿por qué se requiere una justificación adicional para aplicarla?”, cuestionó.

Esta ambigüedad genera problemas para los abogados, quienes podrían verse obligados a aceptar que un juez ejecute un ataque en un día que no esté marcado por una emergencia, todo ello con el riesgo de que cualquier acción pueda resultar en la invalidación de la ley y, por ende, en la desestimación de todas las pruebas recolectadas durante tales procedimientos.

Siga más: los diputados están dejando leyes fijas que permitan al OIJ y al enjuiciamiento llevar a cabo ataques judiciales a cualquier hora del día.

La tarea

El proyecto, que ha sido aprobado en dos ocasiones, busca reformar el Artículo 193 del Código Penal en relación con los casos penales. El nuevo texto contendría los siguientes elementos:

“193.”

Además, establece que la orden de un juez para realizar una búsqueda debe ser tramitada de manera más ágil. “Cuando se presenta una solicitud para llevar a cabo una búsqueda, el juez tendrá una fecha límite para emitir su resolución:

– En los casos de procesamiento normal, el tiempo máximo para decidir será de hasta tres días calendario.

– Si se trata de procesos relacionados con crímenes organizados o de naturaleza compleja, la resolución deberá emitirse en un máximo de cinco días calendario.”

En la actualidad, las órdenes de búsqueda pueden ejecutarse únicamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, quedando excluidos los fines de semana y días festivos.

Este proyecto adicional obtuvo el respaldo de 34 suplentes, mientras que la clase pública se mostró en contra, creando un clima tenso en la Asamblea Legislativa. El debate sigue abierto y todos los ojos están puestos en la resolución final.

Verifique más: la Asamblea Legislativa sigue a la espera de un dictamen sobre el veto del presidente Chaves.

Cuatro vetoes

Con este veto, ya se contabilizan cuatro decisiones de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves durante su mandato, que se extenderá hasta 2025. En febrero, se dieron dos vetos: uno concerniente a los vuelos de bajo costo hacia América Central, que aumentó el precio de los boletos de avión a $100 para un viaje de ida y vuelta, y otro que planteó un plazo para controlar la ley aprobada en el Parlamento, así como sanciones para aquellos que no cumplan con dicho tiempo.

Además, hace unas semanas, Chaves también presentó un veto a un proyecto destinado a fortalecer la pensión del Tribunal de Justicia del Pueblo (OIJ) después de 55 años de existencia, lo que ha generado un amplio debate sobre la justicia y la seguridad en el país.