Sala IV ordena acción urgente contra la minería ilegal en Crucitas – La nación
San José, 23 de marzo (elmundo.cr) – El Sala Constitucional resolvió un recurso de protección relacionado con el minería ilegal en CrucitasCutris de San Carlos, Alajuela, quien ordenó acción inmediata a diversas instituciones gubernamentales.
La resolución, emitida al amparo del expediente 25-026634-0007-COresponder a las quejas sobre omisiones de las autoridades contra la minería ilegal, que comprometen derechos fundamentales como el medio ambiente sano, la salud, la seguridad pública y el acceso al agua potable.
La Sala Constitucional declaró parcialmente procedente el recurso y lo señaló responsabilidades en el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
El fallo requiere medidas específicas para cada institución, con el objetivo de abordar el problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.
Se ordena al Ministerio de Seguridad Pública “mantener presencia policial permanente e indefinida”fortalecer el control migratorio y mantener la vigilancia para prevenir actividades mineras ilegales. Además, tiene la tarea de coordinar acciones con otras agencias y asegurar los recursos necesarios para estas tareas.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe continuar con el suministro de agua potable y culminar el “Proyecto Abastecimiento Integral de Agua Potable” en un plazo de 18 meses. También se requiere coordinar con el Ministerio de Salud y otras instituciones para abordar la contaminación del agua.
El Ministerio de Salud deberá continuar con el control y seguimiento en su ámbito de acción y su participación activa en la “Comisión Interinstitucional para atender integralmente las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas”.
El Ministerio de Medio Ambiente y Energía, junto con el Ministerio de la Presidencia, deberán presentar en un plazo de tres meses un plan de acción detallado para proteger los recursos ambientales, incluidas medidas de restauración y mitigación. Se espera que en un plazo de 12 meses obtengan los recursos necesarios para llevar a cabo estas acciones.
La Sala Constitucional advierte a las autoridades sobre las consecuencias del incumplimiento de estas órdenes, incluidas posibles sanciones de prisión o multa. La resolución íntegra del expediente estará disponible en la página web del Poder Judicial, Nexus.
