Sanciones de entre 2 y 4 años para quienes introduzcan teléfonos móviles en prisión.

La reciente sesión legislativa ha marcado un hito significativo en el panorama jurídico de Costa Rica al votar y aprobar la iniciativa de ley 24,162, que busca sancionar de forma más severa a aquellos individuos que introduzcan ilegalmente teléfonos móviles, satélites u otros dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios del país. Este debate fue respaldado por 42 suplentes, lo que demuestra una clara intención por parte de los legisladores de abordar el problema creciente de la criminalidad asociada al uso de estas herramientas en las prisiones.

El proyecto fue presentado por la autoridad ejecutiva y se encontraba en discusión desde octubre del año anterior, tras haber pasado por un proceso que incluyó cinco intentos de modificación que, desafortunadamente, fueron rechazados. Finalmente, el proyecto se sometió a una votación sobre su fondo, lo que permitió avanzar hacia su aprobación.

Con esta nueva normativa, se establece una pena de prisión que oscila entre dos y cuatro años para aquellas personas que sean encontradas culpables de introducir ilegalmente teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación en los centros de reclusión.

Entre las disposiciones más relevantes aprobadas por el Parlamento se señala lo siguiente:

“Se impondrá la multa de dos o cuatro años de prisión a quien, sin estar legalmente autorizado para ello, posea, presente, facilite o compre de cualquier forma la entrada a una institución penitenciaria de acciones restringidas, teléfonos móviles, satélites u otros equipos de comunicación, incluidos sus componentes técnicos y tarjetas SIM”.

En Costa Rica, la problemática del fraude mediante llamadas provenientes de estos centros de reclusión ha llevado a muchas personas a ser víctimas de extorsiones, un fenómeno comúnmente asociado al uso no controlado de teléfonos móviles por parte de los reclusos. Los informes sugieren que muchos prisioneros reciben estos dispositivos de comunicación de visitantes, lo que ha generado un aumento en la violencia y el crimen organizado desde dentro de las cárceles.

Hasta el momento, quienes participaban en este tipo de delitos no enfrentaban sanciones severas, lo que llevó a la creación de este proyecto de ley. Además, se contempla que la pena mencionada podría incrementarse en un tercio si los infractores son funcionarios públicos, proveedores de servicios, o incluso abogados que usen su profesión para facilitar el ingreso de estos dispositivos sin la debida autorización.

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