Se califica a los prisioneros como una población vulnerable que es liberada por el gobierno de Chávez.

San José, abril (Elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Priscilla Kindas, expresó su preocupación respecto a las nuevas medidas implementadas por el gobierno para la creación de ‘espacios de alta inclusión’ en el Sistema penitenciario. Este comentario surge en un contexto donde las políticas gubernamentales parecen centrarse de manera particular en esta esfera, aunque no sin críticas substanciales.

Kindas afirmó que “el Ejecutivo, de una manera muy coherente, pero desde una clara ignorancia, ha respondido a situaciones críticas como los recortes en áreas esenciales como educación, salud, seguridad e incluso recientemente…” añadió que estos recortes son un “signo de una recarga de la condición humana de los grupos de población vulnerables, y me refiero particularmente a la población privada de libertad.“. Estas declaraciones destacan la interacción entre políticas sociales y el sistema penitenciario, sugiriendo que el gobierno, en su enfoque, ha dejado de lado las necesidades básicas de quienes están en situaciones vulnerables.

La diputada Kindas enfatizó que “en detrimento de esta población, se seleccionaron medidas que incluyen restricciones en las visitas generales a los recintos penitenciarios, así como reubicaciones que carecen de un justificado soporte técnico”. Esta crítica subraya la dificultad que enfrentan los individuos encarcelados para mantener vínculos significativos con sus familias y comunidades, siendo la reclusión una experiencia ya de por sí difícil. Las medidas impuestas, a su juicio, son posibilidades de distanciamiento entre los reclusos y sus seres cercanos.

El enfoque de Kindas no se detuvo ahí, enfatizando que “las medidas arbitrarias no solo afectan a la población encarcelada, sino que también impactan a sus familias, incluidos niños, madres y adultos mayores que tienen el derecho de establecer lazos afectivos con sus seres queridos que cumplen sus sanciones por los actos cometidos.“. Esta perspectiva amplia invita a una discusión más profunda sobre el impacto social y emocional de la encarcelación, resaltando los derechos que deben ser salvaguardados en pro del bienestar familiar. A pesar de que aquellas personas involucradas en delitos deben enfrentar las consecuencias de sus actos, Kindas afirmó que “afectan indirectamente a otros inocentes que visitan a sus familiares, como padres y hermanos, lo cual también perjudica sus derechos”.

Kindas continuó diciendo que “es importante que cualquier individuo que comete un delito cumpla con una sanción adecuada a la gravedad del daño causado a la víctima y a la sociedad, pero no podemos ignorar la violencia que el mismo Estado ejerce sobre estos individuos“. Es crucial, según su perspectiva, establecer mecanismos que inviten a los reclusos a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones, al mismo tiempo que se les ofrecen opciones efectivas para evitar la reincidencia en el futuro.

De acuerdo con la diputada, “los esfuerzos deben enfocarse en reintegrar a estas personas en la sociedad, permitiendo que cumplan sus sanciones y contribuyan de forma positiva una vez finalizadas”. En este sentido, la legislatura hizo hincapié en que la Facultad de Trabajadores Sociales considera que las medidas actuales son una disminución de los derechos humanos y que no abordan las causas de la inseguridad ni previenen el delito de manera efectiva.

‘Es crucial proteger el estado social democrático de derecho y evitar caer en un populismo criollo’, concluyó Kindas. La protección real de la seguridad debe ser garantizada asegurando que los delitos sean tratados en su debido proceso, instando al presidente a invertir en prevención y en el fortalecimiento de las fuerzas policiales, asegurando que se proporcionen condiciones dignas y, al mismo tiempo, se respeten los derechos humanos más fundamentales.”