Trump puede invocar la Ley de ‘Enemigos Extranjeros’ de 1789, según lo determinado por el juez.

La administración de Donald Trump ha recibido un respaldo legal significativo que le permite invocar una ley de “enemigos extranjeros” como fundamento para la expulsión de inmigrantes que hayan sido señalados como parte de organizaciones clasificadas como “terroristas” por el gobierno de los Estados Unidos. Este fallo proviene de un juez federal y marca un desarrollo importante en el contexto de las políticas migratorias de la administración, que han sido objeto de intensas disputas en diversas instancias judiciales.

En medio de un clima político bastante tenso, donde la inmigración irregular es un tema candente, esta decisión representa una rara victoria legal para el presidente Trump, especialmente en el marco de su agresiva política de expulsión. Esta estrategia ha enfrentado constantes oposiciones y desafíos legales desde su implementación, pero con este nuevo fallo, la administración tiene un nuevo ángulo desde el cual operar.

A mediados de marzo, las autoridades estadounidenses comenzaron a utilizar la ley de “enemigos extranjeros”, que históricamente ha sido aplicada en contextos muy limitados, incluso en casos de deportación relacionados con pandillas. Esto es significativo, ya que marca un cambio en el enfoque con el que se han manejado los casos de inmigrantes, dirigiéndolo hacia un conjunto más amplio de acusaciones que pueden incluir la vinculación a actividades terroristas, algo que podría tener un efecto escalofriante en la comunidad migrante.

Sin embargo, la aplicación de esta ley no ha sido sencilla. Hasta el momento, varios jueces federales han rechazado el uso de esta normativa para expandir las deportaciones, argumentando que no se estaba siguiendo un debido proceso. La reciente decisión de la juez Stéphanie Haines representa un giro en este debate. Ella determinó que el caso en cuestión se inscribe dentro de las regulaciones establecidas por la ley de enemigos extranjeros de 1798, lo cual implica que, bajo ciertas condiciones, la administración puede proceder en este sentido. A pesar de esto, la juez también señaló la necesidad de proporcionar un tiempo adecuado a los migrantes afectados, de modo que puedan ser escuchados y presentar sus apelaciones.

En este sentido, la juez Haines ha exigido que se establezca un periodo mínimo de 21 días entre la notificación de la decisión de expulsión y su ejecución, lo cual permitiría a los involucrados un margen de acción para defenderse. Este paso es crucial, ya que garantiza que los derechos de las personas afectadas no sean completamente obviados en el proceso.

Un precedente judicial

Durante su mandato, Trump ha elevado la lucha contra la inmigración irregular a uno de los pilares fundamentales de sus políticas, retratando el fenómeno como una “invasión” compuesta por delincuentes extranjeros. En este contexto, el tema de las deportaciones ha sido recurrente en sus discursos y acciones. A pesar de su firme posición, los esfuerzos de la administración para implementar una política de deportaciones masivas han sido a menudo frustrados por sentencias judiciales que han bloqueado o restringido tales acciones.

Medios como Politico y The Washington Post han subrayado la importancia de la decisión del martes, indicando que sienta un precedente que desafía las resoluciones de otros jueces federales en estados como Colorado, Nueva York y Texas, donde se han tomado posiciones contrarias. Este hecho podría intensificar el debate legal en torno a la inmigración y la utilización de la ley de enemigos extranjeros. Amidst this backdrop, la Corte Suprema de Estados Unidos, con su mayoría conservadora, se perfila como un posible árbitro que podría intervenir en este asunto en el futuro cercano. La gestión de este caso podría llegar a tener un impacto duradero en la política migratoria en el país, afectando a millones de personas en riesgo de deportación.