Randall Zúñiga Reello y el derecho de veto del gobierno.

Randall Zúñiga, el director del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), ha respondido enérgicamente al veto impuesto por el Gobierno de la República. Este veto se relaciona con un proyecto de ley que tiene como objetivo proporcionar a los agentes de pensiones la opción de jubilarse a los 55 años después de haber cumplido 30 años de servicio. La discusión sobre esta legislación ha generado un intenso debate en diferentes sectores.

En una sesión que tuvo lugar esta tarde, Marta Esquivel, la ministra de planificación, acompañada por Alejandro Barrantes, el viceministro del Presidente, se presentó ante la Asamblea Legislativa con el fin de presentar formalmente el veto. Este veto ahora requiere un mínimo de 38 votos en el parlamento para su anulación y avance legislativo, lo que implica una negociación política significativa entre diversas fuerzas.

Zúñiga enfatizó que, en la discusión anterior, el proyecto obtuvo el respaldo de 40 votos, por lo que expresó su esperanza de que se pueda conseguir un apoyo similar en esta etapa del proceso legislativo. “Esperaríamos que en el mismo tiempo se vea el proyecto de ley y que se reconozca como parte del proceso en el que los diputados y diputadas continúan mostrando su apoyo hacia esta iniciativa”, comentó el martes por la noche, reflejando la ansiedad y la expectativa en torno a esta legislación.

Diferencia

Uno de los argumentos presentados por el gobierno contra esta ley se basa en la preocupación sobre la sostenibilidad financiera de las pensiones. Se argumenta que en el futuro, la carga de estas pensiones podría volverse insostenible para el poder judicial. No obstante, Zúñiga ha presentado un informe actuarial reciente que indica que el fondo de pensiones tiene una solvencia del 97%, lo que sugiere que su situación financiera es mucho más robusta de lo que los críticos afirmaron.

“Esto es mucho mejor que cuando fui elegido en un momento donde la solvencia era del 84%. Ese 84% se derivaba de un estudio actuarial anterior, completado en 2020, que ahora se ha mejorado notablemente”, especificó Zúñiga, destacando los avances que se han logrado en la gestión del fondo de pensiones.

También defendió que los funcionarios judiciales en activo están, en términos generales, contribuyendo más que otros servidores públicos, citando que sus contribuciones son hasta tres veces mayores. “No solo eso, todos los servidores públicos que se jubilan actualmente dejan de percibir incapacidades, viajes y decesos, lo que impacta directamente su pensión. En el caso de los funcionarios del OIJ, cuando se retiran, siguen pagando el 13% de su salario como contribución al fondo de pensiones”, argumentó, subrayando las particularidades del sistema al que están sujetos.

Es crucial mencionar que el veto presentado esta tarde al Congreso consiste en un documento de 319 páginas, que incluye una evaluación actuarial exhaustiva del Fondo de Jubilación y Pensiones del Judiciario para el año 2024, aportando datos que justifican la sostenibilidad del sistema actual.

Defender al público

Además, el presidente Rodrigo Chaves había señalado, semanas atrás, que esta ley sería objeto de veto una vez que se aprobara. Su argumento se centra en la defensa del interés público, manifestando que no es sostenible permitir pensiones a la edad de 55 años, especialmente cuando muchos ciudadanos carecen de oportunidades de jubilación a esa edad. Chaves intentó poner en perspectiva las dificultades que enfrentan otros sectores, incluyendo la policía.

“La policía, por ejemplo, opera en circunstancias mucho más riesgosas que los funcionarios del OIJ. Estos oficiales, como Maynor Martínez, por ejemplo, enfrentan situaciones peligrosas y tienen requisitos físicos más exigentes. Nadie puede comparar estas condiciones con las que enfrenta el personal judicial”, afirmó Chaves.

En respuesta a estas afirmaciones, Zúñiga indicó que la carga laboral del OIJ no se puede comparar directamente con otros cuerpos policiales, ya que identificó que el personal del OIJ genera alrededor de 3,000 horas de trabajo al año, mientras que otros cuerpos pueden llegar apenas a 2,000, lo que pone de relieve la diferencia en la carga laboral entre los distintos servicios.

El ejecutivo ha defendido el veto argumentando que este conduce a:

• Violaciones al principio de igualdad ante la ley.
• Lesiones a los principios de técnica razonable y unión.
• Violaciones del principio de sostenibilidad financiera.

Esta propuesta fue presentada originalmente por Dragos Dolanescu, el subdirector general, en el año 2021 y se discutió extensamente por parte de la legisladora libertaria Alejandra Larios durante el actual período constitucional.

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